La fiscalía federal tiene el control de la próxima movida, que sería solicitar autorización para pedir la pena de muerte en su contra.

El boxeador Félix Giomar Verdejo Sánchez, apodado “El Diamante”, inició el domingo en la noche una pelea con el sistema de justicia federal donde le puede esperar una condena a muerte después del último campanazo.

Precisamente por la posibilidad de que pague con su vida si un jurado encuentra que cometió los delitos que se le presentaron por su participación en la muerte de su pareja, Keishla Rodríguez Ortiz, este procesamiento criminal tiene muchas variantes que lo hacen distinto a un proceso criminal federal común y corriente.

De hecho, la primera vista en el caso ayer quedó marcada por el hecho de que todavía no se había designado a un abogado con experiencia en procesos de pena de muerte (“learned counsel”), por lo que el acusado quedó detenido sin fianza y sin señalamientos de vista hasta que ocurriera la designación. Ayer mismo compareció el licenciado David Ruhnke como “learned counsel”.

Ruhnke ha sido abogado en 18 casos de pena de muerte, 12 de los cuales fueron en la esfera federal, incluyendo uno en Puerto Rico, el proceso contra Alexis Candelario Santana por la masacre de La Tómbola. Candelario Santana salió culpable pero, igual que otros casos de pena capital en la isla, el jurado lo sentenció a prisión de por vida en vez de muerte. Ninguno de los casos en los que ha intervenido Ruhnke resultó en la muerte del acusado, solo dos clientes tuvieron un veredicto de sentencia de muerte y en ambos casos un tribunal revisor revocó la condena.

Con la designación de Ruhnke, junto a la otra abogada designada por el Tribunal Federal, Laura Maldonado Rodríguez, y al abogado que procuró la madre del acusado, José F. Irizarry Pérez, se espera que el tribunal señale en los próximos días la vista de detención en la que se discutiría la fianza. Ese aspecto es cuesta arriba para el boxeador, porque en la esfera federal la fianza no es un derecho y la fiscalía puede presentar evidencia adicional específica para argumentar que no puede ser liberado porque es un peligro a la comunidad y un riesgo de fuga, los dos criterios que el juez toma en cuenta para decidir si concede libertad en espera de juicio.

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Otra vista que se podría señalar es la preliminar ya que lo que se le presentó a Verdejo Sánchez el domingo fue una denuncia, no una acusación formal. La denuncia es un mecanismo que tiene el gobierno para apresar de inmediato a un imputado de delito, pero está sujeto a evaluación de un magistrado. Lo que puede cambiar ese curso es que la fiscalía obtenga una acusación formal de parte de un gran jurado, lo cual, en el sistema federal, sustituye la vista preliminar y pone al acusado en camino directo a juicio.

Pero la movida más crucial de todas no se ha hecho todavía, y es la decisión de la fiscalía federal de solicitar al Departamento de Justicia en Washington DC que le permitan pedir la pena de muerte en contra de Verdejo Sánchez.

El hecho de que una persona cometa delitos cuya pena conlleva la muerte no quiere decir que automáticamente su caso es de pena de muerte. El gobierno tiene discreción para autolimitarse y no pedir la pena capital.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico todavía no ha notificado esa decisión y, de hacerlo, tampoco es automático ya que entonces pasaría a un comité especial en la capital federal que es el que evalúa el caso y decide si autoriza a los fiscales a pedir la pena de muerte al jurado. Todas esas autorizaciones requieren la firma del secretario de Justicia federal, Merrick Garland.

Los fiscales no tienen un plazo para hacer esa solicitud, excepto que tiene que ser un tiempo “razonable” antes del juicio y que tiene que ir acompañada de una explicación de los agravantes en la comisión de los delitos que le van a presentar al jurado para justificar la sentencia de pena de muerte.

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Aunque no hay un plazo, es normal que esa solicitud no ocurra de inmediato, porque los protocolos del Departamento de Justicia federal requieren que la oficina de fiscales local compile un expediente sobre todo el caso y la evidencia y que le dé la oportunidad a los abogados de defensa a aportar los factores que entienden abonan en contra de solicitar la pena capital. Ese expediente se somete a la oficina central de Justicia federal donde un comité puede volver a escuchar tanto a los fiscales como a los abogados de defensa antes de hacer su recomendación al Secretario.

La evidencia, el trasfondo del acusado, los criterios para procesar a nivel federal en vez de a nivel estatal y la teoría sobre el nivel de responsabilidad del acusado en el delito son algunos de los elementos que se evalúan antes de que se autorice a que el caso se procese como de pena de muerte.

Según un estudio de 2004, el más reciente sobre este tema, entre la notificación de la fiscalía de su intención de pedir la pena de muerte y el comienzo del juicio, la norma es que pasen de nueve meses a un año.

Si se autoriza, se activan múltiples otras consideraciones como, por ejemplo, amplia consideración del tribunal para la designación de expertos y el uso de evidencia pericial, así como uso intensivo de investigadores por parte de la defensa no solo para preparar su caso en la etapa de juicio sino para hacer evaluaciones mentales del acusado e identificar y presentar factores mitigantes cuando se pase a la etapa de sentencia.

Esto, porque un caso de pena de muerte, distinto a un caso regular, tiene dos fases. La primera corre de una manera relativamente normal y el propósito es determinar culpabilidad o no culpabilidad. Si se determina culpabilidad, entonces, en plazo de unos días, se pasa a una segunda fase en la que el jurado específicamente va a determinar si la pena va a ser muerte o no. Es en esa etapa que la fiscalía presenta su evidencia de factores agravantes y la defensa presenta su prueba de factores mitigantes.

Las negociaciones con fiscalía en estos casos también requieren destreza de parte de la representación legal porque, típicamente, la única alternativa que se ofrece a la pena de muerte es la prisión de por vida. Aunque no está decidido a nivel del Supremo federal, se entiende que, distinto a otros casos, un veredicto de pena de muerte que emita un jurado no puede ser variado por un juez para imponer una pena menor.

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