La acción legal busca detener la implantación del contrato y que el mismo sea declarado nulo.

Los señalamientos contra el contrato mediante el que LUMA Energy se encargaría de la red eléctrica de la isla a partir de poco más de un mes se trasladaron al foro judicial hoy con una demanda que plantea que el acuerdo es nulo, por lo que todos los actos realizados bajo el mismo deben quedar revertidos y el contratista devolver los $116.5 millones que ha facturado hasta ahora en preparación a la transición del sistema eléctrico el 1 de junio.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) presentó la demanda por daños que sufren los miembros del sindicato pero, principalmente, la mayoría de los reclamos están construidos alrededor del efecto del contrato en el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (SREAEE) y sus 15,704 retirados y participantes activos.

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, y los abogados del sindicato, Rolando Emmanuelli Jiménez y Jessica Méndez Colberg explicaron que, además de la demanda presentada ante la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, se pide un interdicto para detener la transición del sistema que debe suceder el 1 de junio.

Se trata de un contrato “leonino” que atenta contra la ley, la moral y el orden público, por lo que debe ser anulado, expusieron como argumento base. Específicamente sobre los retirados, la alegación es que viola leyes federales porque bajo LUMA existiría un sistema híbrido de retiro con algunos empleados bajo el SREAEE y otros bajo un nuevo plan 401(k) del operador privado, lo cual va en contra de la uniformidad de sistema de retiro que requiere la ley federal ERISA. También, porque la aportación patronal al SRAEE no está protegida, en violación al acuerdo de fideicomiso que constituye la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Tienes una casa vacía, (y) en lugar de arrendarla para que alguien te dé un ingreso, lo que estás haciendo es que le estás pidiendo a alguien que la viva, le vas a pagar por vivirla $125 millones al año, por encima de eso le vas a pagar la luz, el agua, la internet y por encima de eso le vas a dar un par de pesos para que tenga entretenimiento”, dijo Figueroa Jaramillo al resumir por qué definen el contrato como uno “leonino”.

“En un alianza público privada correcta, cada parte pone un capital y unos recursos en un objetivo común, aquí la que pone todo es la AEE”, expuso Emmanuelli Jiménez al explicar que, en la medida en que el acuerdo le paga a LUMA una tarifa fija, se le da “una total libertad para dilapidar los fondos públicos”.

Por su parte, Méndez Colberg detalló que un análisis del contrato de 336 páginas arrojó que, de sus 53 cláusulas, 41 favorecen a LUMA, 8 a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (APP), cuatro son neutrales y ninguna favorece a la AEE. “Cuarenta y nueve cláusulas afectan a la AEE”, subrayó.

La demanda de 88 páginas, pide: declaración de que el contrato es nulo y que las partes tienen que devolver cualquier prestación para quedar como estaban al momento antes de comenzar a ponerse en vigor el acuerdo; que el contrato provoca interferencia torticera con el convenio colectivo de la UTIER y los derechos de sus pensionados; que violenta la prohibición de la Constitución de los Estados Unidos sobre menoscabo de contratos; que las aportaciones a SREAEE se declaren un gasto corriente de la AEE y reciban tratamiento acorde dentro de la quiebra de la corporación pública; que se declare nula la declaración de que los gastos de LUMA tienen tratamiento y preferencia como gastos administrativos dentro de la quiebra; que la Junta de Directores de las APP es inconstitucional por estar constituida por miembros que no reciben el consejo y consentimiento del Senado; una orden para que se devuelva el dinero pagado a LUMA y que se pague la deuda de $603 millones de la AEE con el SRAEE; y el pago de daños por $15 millones.

“(El contrato) establece que LUMA Energy controlará el despacho de energía en el Centro de Control de Energía (en Monacillos). Por tanto, es una privatización de la corporación pública y la constitución de un nuevo monopolio privado ilegal”, indica el documento.

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