Una asignación de dinero para canalizar la Quebrada Margarita fue a parar a una iglesia en Naranjito y nunca se realizó la obra aprobada por un multiconsultor

El exrepresentante Antonio «Tony» Soto Torres es objeto de una investigación por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) junto a quien fuera su consultor legislativo, José Miguel Huertas Torres, a consecuencia de una querella presentada por el exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

El exfuncionario confirmó a NotiCel que le llamaron del FEI el pasado viernes y la enviaron una resolución de notificación a esos efectos.

La investigación se centra en la asignación, desembolso, manejo y uso de más de un millón de dólares para el inicio de los trabajos de canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo, una obra que nunca se realizó.

Esta designación de un FEI para Soto y Huertas es una ampliación de una investigación ya existente contra la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, la exdirectora de Finanzas, Astrid Rivera Febres y un ingeniero de la agencia, Miguel Santiago Irizarry.

Según las denuncias, el exrepresentante, quien presidía la Comisión de Donativos Legislativos junto a la senadora Migdalia Padilla, y lideraba a su vez la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, asignó $1.2 millones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, con cero experiencia en trabajos de infraestructura. La entidad corresponde a una iglesia en Naranjito.

Huertas, por su lado, era contratista en la oficina legislativa de Soto, y a su vez estaba contratado por la Autoridad de Tierras como un técnico a cargo de la evaluación de las peticiones de donativos legislativos. Soto, se alega, solicitó a la Autoridad de Tierras la aprobación de la asignación, y Huertas, en su función en esa agencia, la aprobó.

Luego de aprobarse la asignación, Soto renunció sorpresivamente al escaño que recién había retenido en la elección general, dando paso a una elección especial en la que resultó electo el representante Angel Morey.

Pasado un año, una auditoría demostró que la obra no se había realizado y la Autoridad de Tierras, ya bajo otra dirección, procedió a presentar una demanda de cobro contra la entidad, una iglesia registrada en el Departamento de Estado como una organización sin fines de lucro. Pero, la iglesia se declaró en quiebra en un proceso en que su representante fue también el propio Huertas.

Esta investigación es producto de un referido de González Beiró, quien sospechó la comisión de delitos.

En otros casos no relacionados al exrepresentante, ha dicho González Beiró, se asignaron fondos a entidades sin que el legislador o la Autoridad especificaran la obra a realizar, un representante asignó fondos a ciudadanos que no eran de su distrito, dos entidades pagaron la renta y remodelación de sus oficinas con fondos para otros servicios, y cinco entidades desembolsaron $1 millón, antes de recibir los fondos de la Autoridad o después de la fecha de vigencia de los contratos, otros asignaron dinero para gabinetes de cocina, que tampoco se hicieron aunque el cheque fue cambiado.

Esto anticipa que la investigación del FEI puede ampliarse aún más.

Durante las recientes vistas de transición, el exsecretario de Agricultura volvió a levantar su voz contra lo que es técnicamente la sustitución de un barril de tocino, solo que, ahora, cada legislador envía comunicaciones directas a la AT para ordenar los desembolsos lejos del ojo público. El dinero viene del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

“La Autoridad de Tierras es una corporación de arrendar tierras agrícolas y de promover la agricultura y está envuelta en este proyecto de manejar alrededor de $30 millones para 56 legisladores y no tiene el expertise ni la capacidad de hacerlo. Y nosotros hemos hecho de tripas, corazones. En el 2022 paralicé el programa, eliminamos la directora de finanzas, la directora ejecutiva, por serios problemas fiscales allí y manejo de fondos. Hay referidos al Departamento de Justicia, hay casos en el FEI (fiscal especial independiente) y la contralor está allí y va a sacar un informe al final de este mes», dijo en la vista el entonces secretario.

«La autoridad no tiene la capacidad para manejar ese programa y los directores, subdirectores y todo el personal se enfocan en trabajar, y lo digo a calzón quita’o porque eso es lo que me caracteriza, en trabajar para los políticos y complacerlos. Y tampoco lo logran, porque son tanto dinero y tantas peticiones, que no hay forma de complacer a todo el mundo. Mi recomendación como secretario saliente y presidente de la junta (de la AT) es que legislen y se lleven ese programa a una agencia que tenga competencia con ayuda directa a ciudadanos y a municipios. Y lo más seguro me van a caer chinches pero, como yo voy para casa”, descargó González Beiró en esa vista.