No hay fecha para el inicio de nuevo juicio por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

De cara al nuevo juicio contra Pablo Casellas Toro por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón, el Ministerio Público todavía evalúa las alegaciones que realizó la única jurado que emitió un voto de no culpabilidad en el primer proceso judicial y que abrió la puerta para este segundo juicio.

Analiza también la lista original de los testigos para determinar los testimonios esenciales que presentará al jurado -en esta ocasión- y evitar un tedioso proceso de desfile de prueba, que agote a los juzgadores y juzgadoras de hechos.

La fiscal Janet Parra Mercado indicó ayer durante una entrevista en “El Push de la Mañana” de NotiCel que continúa el proceso de verificación de los señalamientos que realizó la jurado Vilma Enid Pérez Quiles, quien el 3 de abril de 2018 declaró ante la entonces jueza Vivian Durieux Rodríguez del Tribunal de Bayamón que el jurado José Ramón Pérez Torruellas incurrió en una supuesta conducta impropia al hacer comentarios negativos sobre el ingeniero civil Rafael Jiménez Pérez, el único testigo que la defensa presentó durante el juicio que culminó con un veredicto culposo de 11 a 1.

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Pérez Torruellas, quien también declaró en esa inusual vista, negó las alegaciones y aseguró que hizo un solo comentario después del veredicto. En muy pocas instancias, los jurados retornan a sala para servir de testigos y divulgar interioridades del proceso de deliberación y evaluación de la prueba.

Esa audiencia, según expertos en derecho que analizaron la vista en aquella ocasión, constituyó un momento novel en la historia jurídica moderna en Puerto Rico.

“Estamos buscando más información al respecto”, respondió Parra Mercado ante preguntas de este medio digital sobre la jurado y su conocimiento del derecho puesto que es hermana de una conocida abogada del foro.

Pero la veterana fiscal no ofreció detalles adicionales de dicha indagación.

Durante la vista ante la jueza Durieux Rodríguez y según recoge una sentencia del Tribunal de Apelaciones, Pérez Quiles explicó que después del juicio quedó con unas dudas. Por ello, procuró comunicarse con el abogado de Casellas Toro, Harry Padilla Martínez. Realizó ese acercamiento a través de un amigo abogado que identificó como Kiko Vega. Al día siguiente, en un almuerzo concertado, Padilla Martínez le presentó el documento redactado, que firmó tras corroborar su contenido en presencia de un notario.

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En ese momento, la fiscal Parra Mercado junto a los fiscales Phoebe Isales Forsythe y Sergio Rubio Paredes argumentaron que Padilla Martínez debió informar al tribunal el acercamiento de la jurado y solicitar autorización para la comunicación directa con Pérez Quiles. El propio Tribunal de Apelaciones, que detuvo la continuación de la vista, calificó la acción del abogado defensor como imprudente pero reconoció que esa comunicación extrajudicial no está prohibida en la Isla.

La defensa de Casellas Toro presentó al ingeniero civil para impugnar el testimonio de Luis Guzmán Hernández, el único testigo de cargo que ubicó al acusado con el arma homicida. Guzmán Hernández declaró que la mañana del 14 de julio de 2012 visitó el Centro de Metadona en el Centro Médico. Regresó a su casa y luego caminó por un callejón hacia la avenida Santa Ana en Guaynabo. Al final ese tramo, observó un Mercedes gris y un brazo de hombre de tez blanca, que desde el asiento del conductor, lanzó un objeto que rebotó sobre la acera y que resultó ser una pistola FN Calibre 5.7 X 28 como la que se usó para asesinar a Paredes Cintrón esa misma mañana mientras se encontraba sentada en una silla del área de la piscina de su residencia en la urbanización Tierra Alta III.

El callejón está en un punto medio entre la urbanización Tierra Alta y la urbanización, donde residía el fenecido juez federal Salvador Casellas Moreno, padre de Pablo Casellas.

En su testimonio, el ingeniero Jiménez Pérez trató de establecer que Guzmán Hernández no pudo haber completado el viaje a Centro Médico y regresar para divisar el vehículo igual al que Casellas Toro manejaba el día del crimen. Durante un testimonio flojo, Jiménez Pérez admitió que nunca realizó el recorrido y que basó su análisis en estimaciones de documentos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y el Tren Urbano.

Ayer, Parra Mercado también indicó que Guzmán Hernández volverá a declarar en en el segundo juicio. Pero descartó a la perito en patrones de sangre del Instituto de Ciencias Forenses porque ya no se encuentra en la agencia y porque ese testimonio “no aporta mucho”.

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Casellas Toro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 21 de agosto a la espera de la celebración del juicio nuevo. Pagó una fianza de $2 millones y lleva un grillete electrónico.

La convicción pasada quedó anulada luego de una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que estableció la unanimidad del veredicto. Hasta ese momento, extinguía una sentencia de 109 años por el asesinato de su esposa, un crimen de violencia de género que sacudió al País.

“No hemos tenido una queja o comportamiento que amerite intervención”, apuntó Parra Mercado sobre la vida de Casellas Toro desde que está bajo la tutela de su hija María José Casellas Paredes.

El jueves se celebró una vista del caso, que todavía no tiene fecha de juicio porque la defensa todavía impugna un cargo menos grave.

Mira la sentencia del Tribunal de Apelaciones aquí: