Radamés Benítez Cardona, imputado de soborno a nivel federal, mantuvo la confianza del alcalde José Luis Cruz Cruz después de declararse culpable por un delito relacionado con la campaña.

Mientras cobraba un soborno mensual de $17,250 conectado con la otorgación de un contrato a la empresa Waste Colleection Corp, el ejecutivo municipal Radamés Benítez Cardona se mantenía no solo como mano derecha del alcalde José Luis Cruz Cruz en el ayuntamiento, sino también como la persona encargada de las finanzas políticas del alcalde.

En los esquemas de corrupción que las autoridades federales revelaron en los municipios de Cataño, Guaynabo y Trujillo Alto en las últimas dos semanas, la cantidad de soborno pagada en Trujillo Alto resalta como el doble y hasta el triple de lo que se pagó en sobornos en los otros dos municipios. Esto, a pesar de que en Cataño y en Guaynabo los sobornos los recibían directamente el Alcalde, mientras que en Trujillo Alto era un ayudante ejecutivo y no propiamente el Alcalde.

Los $17,250 mensuales pagados a Benítez Cardona contrastan con $8,000 mensuales pagados al exalcalde de Cataño, el convicto Félix «Cano» Delgado Montalvo, y los $5,000 mensuales pagados al renunciante alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

“Me encuentro sumamente sorprendido por lo que acaba de suceder», dijo el alcalde Cruz Cruz después de conocer el arresto y al anunciar que suspendía sumariamente de su posición a Benítez Cardona. El alcalde no lo dijo pero estas suspensiones implican que la persona deja de ir a trabajar en lo que se toma una decisión final sobre su empleo, pero no deja de cobrar.

La expresión de sorpresa queda en entredicho ante el hecho de que, como recordó la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Benítez Cardona se había declarado culpable bajo un caso que se le presentó en abril 2016 por violación a la Ley de Ética y al Código Penal en relación a una transacción con un vehículo.

«Durante los meses de enero a septiembre de 2015 (Benítez Cardona), mientras era funcionario público y ocupaba el puesto de Ayudante Especial del Alcalde de Trujillo Alto, utilizó a otro empleado público del Municipio, quien era su subalterno, para gestionar la adquisición de un vehículo de motor privado en beneficio del Comité del Partido Popular Democrático», se resume en una decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el caso. El trámite ilegal se realizó en la propia oficina del Alcalde y la Policía tuvo que personarse al ayuntamiento para que Cruz Cruz ordenara la entrega del vehículo en controversia.

La OPFEI «puso en conocimiento al alcalde Cruz (Cruz) de que Benítez (Cardona) había aceptado haber realizado la transacción… [a]ún así, no tomó acción disciplinaria ulterior ni lo removió de su puesto», dijo esa entidad tras el arresto.

Pero récords oficiales demuestran que Cruz Cruz no solo no tomó acción disciplinaria contra su ayudante, sino que lo mantuvo directamente en su oficina, más recientemente haciendo funciones de vicealcalde, y también también lo mantuvo a cargo de las finanzas de campaña. Originalmente, Benítez Cardona era el tesorero del comité, pero luego del caso por el vehículo colocaron de tesorera a Lissaida Iglesias García y el funcionario asumió la subtesorería.

Las auditorías que la Oficina del Contralor Electoral realizó al comité personal del alcalde y al comité municipal, ambos con Iglesias García y Benítez Cardona, detectaron donantes no identificados, documentos no provistos y gastos no informados en el comité de Cruz Cruz. A la vez que cumplían esos roles en el comité de campaña, Iglesias García y y Benítez Cardona trabajaban en la oficina propia del Alcalde.

La acusación federal contra Benítez Cardona, que está sustentada con fotos de el funcionario recibiendo el dinero de soborno, especifica que Raymond Rodríguez Santos, codueño de la empresa J.R. Asphalt y cooperador del gobierno federal, negoció el soborno con el funcionario en nombre del licenciado Oscar Javier Santamaría Torres, otro cooperador. A cambio del contrato de recogiso de desperdicios sólidos para Waste Collection, Corp., empresa de Santamaría Torres, los contratistas pagarían $0.75 mensuales por cada una de las 23,000 casas cubiertas en el acuerdo, para $17,250 mensuales. También, Benítez Cardona cobró un depósito de $200,000. El contrato tiene vigencia de 2017 a 2024 y valor de $24.1 millones.

Entre las funciones que Benítez Cardona le cumplió a Cruz Cruz están ser comisionado de la Policía Municipal.