Auditoría de la Oficina del Contralor Electoral muestra que, en sus últimos días, la campaña primarista de la Exgobernadora se quedó sin gasolina para pautas en los medios, y cometieron violaciones de ley.

La campaña primarista fallida de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, fue objeto de señalamientos de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) por deficiencias múltiples en el registro de sus ingresos y gastos, que conllevaron la imposición de una multa por $55,277.64 al comité de campaña, $370 al tesorero y la devolución de $59,050.38 por donativos no identificados, en exceso y pertenecientes a otras personas.

Este es el resultado de la auditoría que la OCE notificó la semana pasada y a la que NotiCel tuvo acceso a través de fuentes. El contralor electoral, Walter Vélez, quien pidió espacio para comentar los informes hasta que sean públicos, notificó ésta y otras auditorías a todos los candidatos primaristas a la gobernación, tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD), así como las de los partidos y candidaturas a la gobernación la semana pasada. Antes de esa notificación, hubo un periodo para hacer arreglos administrativos y subsanar los señalamientos, pero no todos pudieron ser subsanados.

En el caso de rival primarista de Vázquez Garced, el ahora gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, la auditoría cubre tanto el período primarista como la elección general y resultó en ninguna multa u orden de devolución porque los señalamientos fueron subsanados en el proceso de revisión de la auditoría.

El total de $114,698.02 en multas y devolución de dinero que tiene la auditoría de Vázquez Garced pudo haber sido de unos $350,000 si la OCE no hubiera determinado reducir el 90% del monto de algunas de las multas porque, durante el proceso de revisión, el comité aceptó las fallas y, como se diría coloquialmente, «levantó las manos». El Comité Amigos Wanda Vázquez Garced fue creado el 19 de diciembre de 2019 y la auditoría cubre sus actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, lo que deja fuera esos primeros días del controversial anuncio, cuando, incluso, la Exgobernadora realizó un anuncio de televisión cuando todavía el comité no estaba registrado.

El renglón en el que el comité se benefició más de aceptar su culpa fue en la compra de pauta en los medios. La agencia de publicidad de la campaña de Vázquez Garced fue Spider Properties LLC, conocidos por sus vallas publicitarias, o billboards. Para los días previos a la primaria del 9 de agosto contra Pierluisi Urrutia, el comité solicitó a la agencia que comprara $167,754.83 en pautas, pero el equivalente a $84,558.83 de estas pautas no se pagó antes de que fueran emitidas. Esto, en violación a la Ley 222 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas), que dispone que las pautas deben ser prepagadas.

Además de esto, la OCE detectó que la firma Guzmán & Co., CPA’S LLC, que es propiedad del tesorero de la campaña, Carlos Luis Guzmán Peña, le prestó al comité el 4 de agosto $60,000 para pagar parte de la deuda de publicidad. La forma en que se ejecutó el préstamo fue que la firma pagó directamente a la agencia de publicidad.

Luego, el comité devolvió el dinero a la firma en dos plazos pero, aún cuando la OCE aceptó ese préstamo como un método aceptable de prepagar la pauta, todavía las pautas se realizaron sin que estuvieran cubiertos $84,558.83 durante los días de su transmisión, lo cual se cuenta como una pauta sin prepagar.

Este señalamiento implica que, en la última semana, del 3 al 8 de agosto, la campaña primarista de Vázquez Garced se quedó sin gasolina para montar una ofensiva en los medios de comunicación y las movidas a las que recurrió fueron violatorias de ley. La primaria del 9 de agosto tuvo que ser bifurcada cuando la Comisión Estatal de Elecciones no llevó materiales a tiempo a los colegios, por lo que la votación se reanudó el 16 de agosto.

El cálculo inicial de la OCE para la multa por esta falla fue de $253,676.49, o el equivalente a tres veces el costo de la pauta que quedó sin prepagar. Pero, debido a que el comité aceptó la conducta, la OCE determinó reducir la multa a $25,367.64.

En el año que cubre la auditoría, el comité recaudó $945,301.07 y gastó $941,883.52, para un balance de $3,417.55 y para un costo de $7.63 por cada uno de los 123,392 votos que recibió en la primaria frente a los 162,345 de Pierluisi Urrutia. La OCE detalla que 41% de los ingresos ($391,339) fueron en efectivo, pero solo 2% ($18,218.75) fueron anónimos.

Otros señalamientos de la auditoría fueron dos instancias de donativos en exceso; cinco instancias de donativos entregados a nombre de terceros (que el comité alegó que se trataba de matrimonios, pero no lo probaron); tres instancias de ingresos no informados, y que sumaron $5,900 (originalmente fueron 60 señalamientos por esta causa, pero el comité corrigió la mayoría en revisión de la auditoría); 21 instancias de donativos por donantes no identificados, y que sumaron $40,850; y unas 84 instancias de fallas contables, registros insuficientes e información que no se entregó a la OCE.

Por su parte, el Comité Pedro Pierluisi Inc. fue registrado el 12 de septiembre de 2019 con Eduardo Ferrer Ramírez de Arrellano como tesorero. En el año auditado, recaudaron $3,615,283.50 y gastaron $3,258,088.02, para un balance de $357,195.48. Usando los votos que recibió en la elección general como base, no los emitidos en la primaria, como en la auditoría de Vázquez Garced, la OCE calcula que al gobernador le costó $7.63 cada uno de los 427,016 recibidos. Datos de la OCE indican que Pierluisi Urrutia gastó $993,320 para su primaria con Vázquez Garced.

El 27.53 porciento de los recaudos de Pierluisi Urrutia, $946,240, fueron en efectivo, pero solo 0.2% ($2,116.03) fueron anónimos. Los señalamientos que el comité subsanó en la revisión de la auditoría, por lo que no están detallados, fueron: informes de ingresos y gastos no radicados; donaciones en exceso del límite permitido por ley; ingresos, gastos y cuentas por pagar no informados; donativos anónimos en exceso de $50; donantes no identificados; y deficiencias en controles internos.