El país demanda acciones claras, rápidas y—sobre todo—comunicadas con transparencia.

Puerto Rico atraviesa una emergencia que no puede ser subestimada: la crisis del agua que en las pasadas semanas ha dejado a miles de ciudadanos sin acceso confiable al recurso más básico para la vida.

Negocios, pequeños y medianos comercios, comunidades enteras dependiendo de camiones cisterna han sido el rostro visible de una falla que no solo es operacional, sino profundamente institucional.

Ante este escenario, la designación de Carlos Pesquera como síndico para manejar la situación parecía una movida extraordinaria que, al menos en el papel, buscaba enviar un mensaje de control y dirección. Sin embargo, su nombramiento también expone la incapacidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para liderar con efectividad en un momento en que el país demanda acciones claras, rápidas y—sobre todo—comunicadas con transparencia.

Lo más preocupante de todo, sin embargo, no es la designación de un síndico. Es el silencio. El presidente de la AAA, Luis González, ha optado por replegarse, ausente de la discusión pública, sin ofrecer explicaciones detalladas ni enfrentar preguntas legítimas de los abonados. Esa ausencia de liderazgo visible es, en sí misma, una negligencia inaceptable en una emergencia de esta magnitud.

Acusar sabotaje interno por razones políticas en medio de esta emergencia puede ser real pero a la vez un infantilismo dañino que erosiona la confianza pública y desvía la atención de lo que realmente importa. Hay que concentrarse en resolverla. Lo demás solo prolonga el sufrimiento de la ciudadanía y profundiza la sensación de desamparo institucional.

La transparencia y la comunicación no son opcionales en tiempos de crisis. Son obligaciones mínimas de quienes administran servicios esenciales. La población no solo necesita agua, necesita información. Necesita saber qué se está haciendo, cuáles son los planes inmediatos y qué acciones se tomarán para evitar que esta historia se repita una y otra vez, como una tormenta cíclica que nos atrapa en la misma vulnerabilidad.

Designar un síndico puede ser un paso de emergencia válido, pero no sustituye la rendición de cuentas de quienes tienen la responsabilidad institucional. Si el presidente de la AAA no puede o no quiere dar la cara, es hora de cuestionar si está capacitado para ocupar el cargo que hoy retiene. Puerto Rico merece respuestas, no excusas.

En una isla en la que el agua debería ser un derecho garantizado, nos encontramos rogando por cubos y cisternas. Lo que falta no son recursos humanos o técnicos, sino liderazgo y voluntad de comunicar con franqueza. Hasta que eso cambie, seguiremos navegando a ciegas por emergencias que, de haberse manejado con apertura y previsión, no tendrían que convertirse en crisis.

Hoy, más que nunca, debemos exigir transparencia, porque en medio de una emergencia, callar no es prudencia.