Después de que los pilotos de la Bahía de San Juan demandaran por la seguridad de barcazas de gas, la administración se mueve a derogar la ley que les permite operar independientes del gobierno.

La jueza federal Silvia Carreño Coll citó a la presidenta de la Comisión de Practicaje, licenciada Jéssica Ñeco Morales, para que el 11 de mayo explique por qué no debe ser encontrada en desacato de una orden que le obligaba a dirigir ese organismo en comunicación con todos los comisionados.

La falta de comunicación con todos los comisionados habría ocurrido como parte de los movimientos de la funcionaria de redactar un proyecto de ley con el que se eliminaría su comisión y se le pasaría a la Autoridad de los Puertos (AP) la capacidad de supervisar a los prácticos (o pilotos) que maniobran todas las embarcaciones que entran y salen de la bahía, el puerto comercial principal de Puerto Rico.

Las alegaciones las presentaron a la jueza la semana pasada el grupo de siete prácticos que demandó en es eforo el año pasado para alertar que el gobierno se alineó con la empresa New Fortress Energy (NFE) al reducir las medidas de seguridad del transporte de barcazas de gas. Las medidas de seguridad habían resultado de un acuerdo entre la empresa y San Juan Bay Pilots Corporation (SJBPC), el grupo comercial de ocho prácticos que atienden las embarcaciones en la bahía.

Como parte de un acuerdo para sacar a Ñeco Morales de la demanda, la jueza autorizó una transacción mediante la que la funcionaria se comprometía a comunicar al comisionado Carlos E. Ramos de todos los asuntos, reuniones y convocatorias relativas a la comisión. Ramos es uno de los pilotos demandantes y representa a ese grupo en el organismo público. En ese momento, la jueza amonestó a la presidenta porque nunca asistió a las vistas del caso y la dirigió a conducir la comisión de manera “más alineada” con los prácticos porque son ellos los encargados de la seguridad en la bahía.

La petición para citación le planteó a la jueza que, desde esa adjudicación en octubre pasado, Ñeco Morales no se ha comunicado con Ramos ni los prácticos, pero sí ha realizado movimientos, y reuniones, con otros componentes de la industria marítima para redactar un proyecto de ley que eliminaría la comisión.

El resultado sería volver al escenario de 1999, cuando los pilotos estaban debajo de la AP, no eran independientes. La ley de ese año que creó la comisión estaba específicamente justificada en la necesidad de que los prácticos tuvieran independencia del gobierno. Dentro de la AP, un director nombrado por el jefe de la agencia sería el encargado de supervisar el practicaje, designar pilotos, disciplinarlos, establecer tarifas por ese servicio y decidir sobre el uso de los fondos generados. Los demandantes interpretan que esto tendría el efecto directo de dejarlos sin recursos para seguir con su reclamación legal y que le permitiría al gobierno nombrar prácticos que no levanten objeciones de seguridad al tránsito marítimo, incluyendo no levantar objeciones a la forma en que NFE quiere manejar sus barcazas.

El borrador del proyecto no dispone requisitos profesionales para ese director. “Y si alguien piensa que sería una exageración que una persona sin experiencia marítima o en el practicaje sería nombrado Director de la Oficina de Asuntos de Practicaje, piénselo dos veces: la señora Ñeco, quien tiene cero experiencia marítima o en el practicaje, es la presidenta nombrada de la Comisión de Practicaje”, argumentaron.

Además, le indicaron a la jueza que la presidenta de la comisión entró en un Memorando de Entendimiento con la empresa San Juan Cruise Port sin discutirlo con la SJBPC ni el comisionado Ramos.

El grupo resaltó que, mientras la presidenta no ha discutido el borrador del proyecto con el comisionado que representa a los prácticos, lo ha discutido con miembros de la industria naviera, la Guardia Costanera, el comisionado que también es el gerente de la empresa que suple remolcadoras a NFE y con otros dos prácticos que son testigos de NFE en la demanda.

Esta solicitud de citación ocurre cuando la demanda federal sigue pendiente de que se realicen simulaciones mediante las que se confirmaría, o no, que el movimiento de barcazas de gas se puede hacer con criterios de seguridad menos rigurosos que los que estaban observándose desde 2023 y hasta que NFE decidió que no iba a seguir pagando el tipo de bote remolcador que esas medidas dictaban. Bajo una orden temporera del tribunal federal, las barcazas están entrando y saliendo con remolcadoras con menor capacidad que las anteriores en lo que termina el pleito. El suplidor de esas remolcadoras es Moran Towing, cuyo gerente general, Javier Figueroa, es uno de los comisionados con quienes se discutió el borrador del proyecto. Otros miembros son Hiram Medina Rivera, representante de la Asociación de Navieros, la licenciada Taileen Negrón Rivera (quien es empleada del Departamento de Salud), y Eduardo Morales Monsanto (quien es director de Recursos Humanos en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres).

También ocurren en medio de varios pleitos que se han desatado en el Tribunal de Primera Instancia con relación a la función de los prácticos.

Ramos tiene un pleito contra el resto de la comisión alegando que actúan sin autorización de ley por no incluirlo y por otras violaciones a deberes de fiducia y a la obligación de evitar conflictos de interés. La SJBPC demandó a la comisión para que cumplan con su deber de pedirle a todos los operadores portuarios actualizaciones y publicación de las certificaciones de profundidad, con las cuales se puede tener certeza sobre cómo y hasta dónde puede navegar una embarcación en la bahía. La Asociación de Navieros demandó a la SJBPC para que un tribunal las Guías de Seguridad y Navegación que aprobaron en febrero de 2026 porque a quien le tocaría promulgar ese tipo de guías es a la comisión y no a ellos. Y, a su vez, los prácticos demandaron a los navieros porque los expulsaron de su asociación “de manera caprichosa e ilegal”, después de haber sido miembros desde 2022.

En el pleito por las Guías de Seguridad y Navegación, los navieros acusan que los pilotos hicieron estas regulaciones para beneficiarse económicamente y que las mismas le representan a los operadores y agentes navieros costos de aproximadamente $1.5 millones al mes. Apuntaron también que la Guardia Costanera rescindió el 23 de abril pasado las tres cartas que habían emitido en años recientes con recomendaciones sobre la navegación de barcazas de gas en la bahía.

En su petición de vista de descato contra Ñeco Morales, los pilotos aseguraron al tribunal que “no le sacan ganancia financiera a su reclamo judicial. Sus tarifas por maniobrar las barcazas de gas son las mismas, independientemente de que se usen las remolcadoras que ellos y NFE acordaron, o las de menor capacidad que la empresa quiere usar ahora. Subrayaron que pierden dinero por todos lados porque los costos del litigio de parte de ellos, así como los costos en los que incurren la presidenta y la comisión, salen del pote que se alimenta con las tarifas que cobran ellos al realizar las maniobras.

Al citar a Ñeco Morales para el 11 de mayo, la jueza Carreño Coll advirtió que tomará en cuenta cualquier violación que ocurra desde su citación el viernes pasado hasta que ocurra la vista y que puede emitir sanciones económicas, además de decretar desacato.

Vea:

El gobierno apoyó que NFE redujera medidas de seguridad para tránsito de sus barcazas de gas

Regaño de jueza federal al gobierno por caso de la barcaza