Antonio Espaillat está a la espera de la imposición de posibles medidas preventivas.

El propietario de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, Antonio Espaillat, arrestado desde el jueves, debería quedar en libertad porque «no hubo intención» de provocar el accidente ocurrido el 8 de abril, cuando el techo del local se desplomó causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, dijo este viernes el equipo legal del empresario.

Ahora Espaillat, quien fue detenido junto a su hermana Maribel, ambos investigados por homicidio involuntario por negligencia en el cuidado del techo del club nocturno, está a la espera de la imposición de posibles medidas preventivas.

Al respecto, en declaraciones a la prensa, el abogado Miguel Valerio dijo hoy que la medida «más apropiada» para su cliente es la libertad «porque no hubo intención en lo que pasó, no lo hubo».

«Se está tratando como un caso de criminalidad organizada y no hubo intención», insistió el letrado desde el Palacio de Justicia en la capital dominicana, adonde los dos hermanos fueron trasladados ayer tras su detención.

La Fiscalía, que tiene un plazo de 48 horas para depositar la solicitud de medida de coerción (preventiva) en contra de los arrestados, indicó ayer en un comunicado que ambos mostraron «una inmensa irresponsabilidad y negligencia» al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del establecimiento colapsara, como finalmente sucedió.

La detención de los hermanos Espaillat se produjo tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien los citó a su despacho.

Según la orden de arresto, ambos habrían cometido homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal dominicano, por mostrar «una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió».

En el documento también se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.

El estado de la discoteca antes de la tragedia

Este viernes, fue interrogado de nuevo uno de los empleados de la discoteca Jet Set, Gregory Adames, quien supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat de que la infraestructura presentaba un deterioro físico y no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril, a la que cientos de personas acudieron para disfrutar de la actuación del popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el siniestro.

En una entrevista emitida en un programa de televisión local 15 días después del derrumbe, Antonio Espaillat, propietario también de un conglomerado de medios de comunicación, admitió que los plafones del techo del local nocturno «siempre» se caían e, incluso, el mismo día de la tragedia se cambiaron algunos de ellos.

Espaillat, quien desde el principio se puso a disposición del Ministerio Público, atribuyó el desprendimiento de los plafones «a diferentes razones» y reconoció que nunca se examinó el techo para constatar cuál era su situación real, pese a las filtraciones existentes.

Familiares de víctimas han depositado hasta el momento en torno a 80 acciones legales contra los propietarios del local nocturno.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Octavio Dotel; el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano, un keniano y una costarricense.