Los Papeles de Pandora revelaron que Sebastián Piñera vendió sus acciones de un megaproyecto minero en un paraíso fiscal

La comisión parlamentaria a cargo de revisar la acusación constitucional presentada contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, inició este martes su trabajo para evaluar si amerita enjuiciar políticamente al mandatario por las presuntas irregularidades que revelaron los papeles de Pandora.

Esta investigación periodística divulgó que el presidente chileno vendió sus acciones del megaproyecto minero Mina Dominga en un paraíso fiscal en 2010, poco después de iniciar su mandato, y mediante un contrato de venta en el que existía un condicionante de política ambiental.

A lo largo de la jornada, los cinco parlamentarios que integran la instancia recibieron como invitados a abogados de oposición que defendieron el libelo acusatorio, contando además con la presencia del abogado defensor del jefe de Estado, Jorge Galvez.

Acudieron también a la sesión tres periodistas de investigación que han reportado en profundidad el caso de la Minera Dominga, entre ellos representantes de los medios que publicaron los reportajes ligados a los papeles de Pandora, Ciper y LaBot.

«Creemos que es sano que se fiscalicen estas conductas, que se conozcan y se genere un debate respecto a las actuaciones de las familias presidenciales y un Presidente (…) Lo que estamos diciendo es que la Presidencia como institución ha sido expuesta a un conflicto de interés, y aquello debe ser estudiado y debatido», señaló el director de Ciper, Pedro Ramírez.

Diputados de todos los sectores de oposición, desde los comunista hasta los democristianos, levantaron el juicio político el pasado 13 de octubre acusando al primer mandatario de haber faltado al principio de «probidad» y por «comprometer gravemente el honor de la Nación».

La génesis de la acusación, la segunda que enfrenta Piñera en lo que va de su mandato, se sitúa en las presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que este asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).

Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.

El juicio político corre a la par de una investigación penal impulsada por el Ministerio Público que busca esclarecer posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación financiera.

De ser aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Piñera, de 71 años y con la cuarta fortuna más grande de Chile, de acuerdo a Forbes.

El proyecto minero situado en el centro de la polémica compromete una inversión de $2,500 millones y aún no está en construcción, aunque fue aprobado por un tribunal regional pero está pendiente de recursos en la Corte Suprema.

Dominga incluye la explotación de dos minas a cielo abierto -de hierro y de cobre- en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 km al norte de Santiago.

También contempla la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde vive el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.