El histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor culminó hoy, viernes, en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por considerarlos responsables de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir al menos a 106 personas durante los años 70 y 80.

El veredicto se dio a conocer después de 16 años de tramitación del primer proceso en Latinoamérica que investiga los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay contra 106 víctimas, entre las cuales hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la capital argentina, compuesto por los jueces Adrián Grünberg, Óscar Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico, fijó hoy penas de hasta 25 años para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita.

El proceso había arrancado con 22 acusados pero cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud en un juicio en el que, finalmente, fueron absueltos los exdirectores del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez.

Para el último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-1983), de 88 años, establecieron 20 años de prisión por asociación ilícita y privación ilegítima de libertad con abuso de sus funciones como funcionario público hasta en cuatro ocasiones, pena idéntica en duración y fundamentos a la del exdirector de la Escuela de Caballería Rodolfo Emilio Feroglio.

Asimismo, se condenó a 25 años de cárcel al excomandante Santiago Riveros, al exmilitar uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de su país, Manuel Cordero, y al exagente del servicio secreto argentino Miguel Ángel Furci, que también fue inhabilitado de forma perpetua en una pena agravada por mediar violencia y amenazas.

A este último se lo acusaba, concretamente, de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino ‘Automotores Orletti’ que funcionó durante la última dictadura argentina (1976-1983), especialmente contra ciudadanos uruguayos.

Por otro lado, el exjefe del Regimiento de Infantería 1 ‘Patricios’, Humberto José Román Lobaiza, recibió una pena de 18 años de cárcel, mientras que el excomandante de Operaciones Navales de la Armada argentina Antonio Vañek, y los exmilitares Eugenio Guañabens y Enrique Braulio Olea, de 13.

Para Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel De Lío, Felipe Jorge Alespeiti, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Luis Sadi Pepa, fijaron 12 años, y Federico Antonio Minicucci obtuvo la pena más reducida, con 8 años de prisión.

Durante la lectura del veredicto no estuvo presente la mayor parte de los condenados, casi todos también inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, aunque sí acudieron familiares de las víctimas, civiles, y varios representantes de organizaciones de derechos humanos.

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo en declaraciones a los medios que ‘la perseverancia da frutos’, ya que nunca ‘se bajó los brazos’ para hallar justicia por los delitos del Plan Cóndor, aunque lamentó que la muerte de muchos represores evitara que fueran ‘sentados en el banquillo de los acusados’.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa como querellante en la causa, la gran mayoría de los afectados (90) fueron secuestrados en Argentina, aunque también hubo desapariciones en Paraguay (5), Uruguay (4), Bolivia (4) y Brasil (3).

La primera querella por el ‘Plan Cóndor’ fue presentada contra todos los jefes de Estado de los gobiernos de facto de la región en 1999, cuando en Argentina seguían vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ponían un límite a las investigaciones de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en la última dictadura (1976-1983), y se habían dictado los indultos.

La etapa final del juicio actual, iniciado en marzo de 2013, comenzó a mediados del año pasado, cuando finalizó el debate que involucró más de 200 testimonios y tras el cual los representantes del Ministerio Público Fiscal y de las querellas pudieron replicar los alegatos.