La Presidenta chilena, Michelle Bachelet, dio a conocer el viernes un plan de descontaminación para todo su mandato, entre 2014 y 2018, que se enfocará en las ciudades que presentan los peores niveles de calidad del aire en el país.

‘Es hora de hacernos cargo de este problema en toda su complejidad (…). Necesitamos muchas medidas de más largo alcance, que nos permitan mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades’, dijo Bachelet al hacer el anuncio en el palacio de Gobierno.

Indicó que la estrategia ‘no sólo nos va a permitir contar con planes de descontaminación más modernos, sino también con medidas concretas para responder desde el primer momento a las emergencias sanitarias que desencadenan los episodios críticos’.

Chile es uno de los países latinoamericanos con mayores niveles de polución en sus ciudades, al igual que México.

Las principales fuentes de contaminación atmosféricas son las industrias, el incesante crecimiento del parque automotriz y los sistemas de calefacción de los hogares.

Como medidas específica, Bachelet dijo que se declararán seis nuevas zonas saturadas en distintas regiones del país, en las cuales se considerarán mecanismos paliativos como la declaración de estados de alerta ambiental en caso de ser pertinente.

Las zonas saturadas son aquellas en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas.

Además, se pondrán en marcha 14 planes de descontaminación que beneficiarán a cerca del 87 % de la población que a diario es afectada por los malos índices atmosféricos.

‘Sabemos que un plan de descontaminación toma tiempo, pero hay situaciones que no pueden esperar y por eso se requieren instrumentos’, dijo Bachelet.

Entre las sureñas regiones de El Maule y Aysén se declarará alerta ambiental en coordinación entre los ministerios de Medio Ambiente y Salud. También habrá un comité operativo regional que decretará alerta sanitaria y que estará encargado de comunicar las medidas que se tomarán y los sectores dónde se aplicará la acción.

‘Las medidas de paralización de industrias, fiscalización de uso de leña húmeda o suspensión de clases de educación física’, son algunas de las facultades que tendrá el comité operativo regional, detalló Bachelet.

Varias de las disposiciones para reducir la contaminación son resistidas por los afectados, por ejemplo, por las pérdidas económicas que conllevan la detención de actividades en empresas.

Sin embargo, Bachelet argumentó que la contaminación ‘implica un gasto de $670 millones anuales asociados a gastos médicos y pérdida de productividad laboral’.

‘Esta cifra podría aumentar a 1.900 millones de dólares si se considera el perjuicio en bienestar social que aumenta en el riesgo de muerte’, agregó.

Al igual que en otras iniciativas, Bachelet aseguró que la creación de estos nuevos planes incorporará un proceso de participación ciudadana, donde la comunidad involucrada podrá entregar su opinión a las medidas propuestas.