Washington – El Gobierno estadounidense hizo hoy un llamamiento a la calma en Paraguay, tras la destitución del presidente, Fernando Lugo, lo que ha desatado la protesta de algunos países como Argentina, Ecuador y Venezuela.

‘Pedimos a los paraguayos que actúen de manera pacífica, con calma y responsabilidad, según el espíritu de los principios democráticos de Paraguay’, indicó a Efe, Darla Jordan, una portavoz del Departamento de Estado para América Latina.

El ex obispo Lugo perdió el viernes la presidencia tras ser considerado ‘culpable’ de mal desempeño en sus funciones en un precipitado ‘juicio político’ que no pudieron contener ni las gestiones mediadoras de una amplia misión de cancilleres enviada de urgencia por la Unasur.

El viceministro Federico Franco asumió la jefatura del Estado hasta las siguientes elecciones presidenciales, previstas para abril de 2013.

No obstante, los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela han advertido de que no reconocerán a Federuci Franco como nuevo jefe de Estado y consideraron la destitución de Lugo un ‘golpe de Estado’.

El presidente dominicano, Leonel Fernández, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque ‘inmediatamente una reunión general de cancilleres, con el fin de suspender al país sudamericano de los organismos regionales’.

Otros países como El Salvador consideran que la ‘apresurada’ destitución de Lugo ‘riñe’ con la Carta Democrática de la OEA, como indicó su cancillería en un comunicado en el que expresó la ‘profunda preocupación’ por la crisis que atraviesa el país.

Lugo fue acusado de mal desempeño de sus funciones por un enfrentamiento entre policías y campesinos que causó 17 muertos, durante un desalojo de ‘sin tierras’ el pasado día 15 en una hacienda de Curuguaty (nordeste).

También se le ha considerado responsable de instigar las ocupaciones de tierras en la región sojera de Ñacunday y de la ola de violencia en Paraguay.

Un acto político de sus aliados izquierdistas en una instalación militar en mayo de 2009 y el apoyo a la aprobación del Protocolo de Ushuaia II aprobado por el Mercosur, fueron los otros fundamentos para pedir la destitución del presidente.