La justicia colombiana se acerca cada vez más al ex mandatario Álvaro Uribe (2002-2010), tras la orden de detención de su secretario y de otros dos altos funcionarios por una serie de escándalos que según analistas surgieron por su obsesión de mantenerse en el poder.

Una juez ordenó el sábado la detención preventiva del ex secretario Bernardo Moreno porque puede ‘obstaculizar la justicia’ en la investigación por escuchas ilegales ordenadas bajo el gobierno de Uribe y llevadas a cabo por miembros del servicio secreto (DAS), que depende directamente de la presidencia, informa AFP.

Por este mismo caso, que implicó seguimientos y presiones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición y periodistas críticos a Uribe, un juez falló también en mayo a favor de la detención preventiva de María del Pilar Hurtado, quien dirigió el DAS cuando ocurrieron los hechos.

Hurtado salió del país antes de que se produjera esa decisión judicial y obtuvo asilo en Panamá.

Moreno, secretario presidencial durante los dos mandatos de Uribe -quien logró su reelección en 2006 tras una polémica reforma constitucional- es considerado uno de los funcionarios más cercanos al ex mandatario.

‘Moreno es una pieza clave en este proceso’, expresó el experto en sociopolítica León Valencia, considerando que el ex secretario presidencial y la ex jefa del DAS ‘tienen la verdad y tienen que aclarar la intención presidencial’ en el caso.

En ese planteamiento coinciden el congresista del opositor partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Iván Cepeda -una de las víctimas de las escuchas ilegales-, y la directora de Transparencia en Colombia, Elizabeth Ungar.

‘Es cada vez más evidente que lo que ocurrió estaba en perfecto conocimiento del entorno de Uribe. No sólo Uribe estaba al tanto. Estoy convencido de que Uribe estaba dando las órdenes’, dijo Cepeda.

Cepeda advirtió asimismo que el ex mandatario tiene una ‘responsabilidad política y penal’ en este caso cuyo móvil era vigilar sectores que hubiesen podido poner trabas a una nueva elección.

Este caso tiene también en la cárcel al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, de 38 años, uno de los principales escuderos de Uribe -quien llegó a mencionarlo como su sucesor- y sancionado con una inhabilitación por 16 años para ejercer cargos públicos.

Las escuchas ilegales y el manejo fraudulento que se le dio a esos subsidios tenían como fin que Uribe se mantuviera en el poder, coinciden los tres analistas consultados por AFP.

‘En su gobierno hubo una corrupción generalizada, una política de saltarse todas las barreras legales con el fin de mantener el poder político, y en otros niveles de enriquecerse individualmente’, acusó Valencia. Y sentenció: ‘Un gobierno que quiere perpetuarse favorece la corrupción’.

Cepeda igualmente señala que ‘es evidente que durante los ocho años de Uribe funcionaron cadenas ilícitas y delictivas’ y que los dos escándalos estaban ligados para encubrir los propósitos políticos de Uribe.

Estos escándalos han repercutido en la imagen del ex mandatario, que registra una opinión favorable de 60%, la más baja desde que dejó el poder, según una encuesta divulgada este domingo.

Uribe, quien ha negado cualquier responsabilidad en las escuchas ilegales, dijo en un comunicado que la detención de Moreno es un ‘maltrato al ordenamiento jurídico y a la derogatoria de principios como la presunción de inocencia y buena fe’.