Desde el frente fiscal, Hacienda, OGP y AAFAF insistieron en que la medida fue diseñada bajo el principio de neutralidad fiscal y en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado.

Varias agencias del Ejecutivo respaldaron ante el Senado el Proyecto del Senado 912, que propone una nueva fase de la reforma contributiva, aunque lo hicieron desde enfoques distintos que reflejan el balance —y las tensiones— entre disciplina fiscal y estímulo al crecimiento económico.

Durante la vista pública celebrada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) coincidieron en recomendar la aprobación del proyecto, pero sustentaron su respaldo con argumentos distintos.

Desde el frente fiscal, Hacienda, OGP y AAFAF insistieron en que la medida fue diseñada bajo el principio de neutralidad fiscal y en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado. En una ponencia conjunta, las agencias señalaron que el alivio contributivo propuesto se financiaría mediante reducciones en gastos gubernamentales, mayor eficiencia administrativa y la derogación de ciertas exenciones contributivas, sin comprometer la estabilidad fiscal ni el Fondo General.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, explicó que las alternativas de financiamiento incluidas en la medida fueron discutidas con la Junta de Supervisión Fiscal como parte del paquete de pasos identificados para conceder alivios contributivos, siempre bajo el principio de neutralidad fiscal. A su vez, AAFAF subrayó que cualquier reducción en ingresos contributivos debe estar acompañada de ingresos sustitutos o reducciones de gastos recurrentes, y sostuvo que el PS 912 cumple con ese requisito.

La OGP, por su parte, advirtió sobre la premura del proyecto, al señalar que dilatar su aprobación podría impedir que el alivio contributivo tenga efectos reales en el bolsillo de los contribuyentes durante este ciclo contributivo. Según la agencia, alterar sustancialmente el proyecto sin identificar fuentes alternas de recaudo podría retrasar su implementación y afectar su certificación fiscal.

El DDEC, en cambio, defendió la reforma desde una perspectiva económica y de desarrollo. Su secretario, Sebastián Negrón Reichard, sostuvo que el proyecto atiende la necesidad de actualizar las escalas contributivas vigentes desde 2011 para adaptarlas a las realidades económicas actuales y reducir la carga contributiva sobre los individuos. A su juicio, esa actualización aumentaría el ingreso disponible y la liquidez de los contribuyentes, con un efecto positivo sobre el consumo, la inversión y la competitividad.

En su ponencia, el DDEC planteó que la reducción de las contribuciones sobre ingresos debe verse como una herramienta estratégica de desarrollo económico, con potencial para fortalecer el mercado laboral, retener capital humano y apoyar la creación y retención de empleos. También destacó que el proyecto forma parte de un esfuerzo escalonado iniciado en 2025, que incluyó la aprobación de varias leyes dirigidas a simplificar procesos contributivos y aliviar cargas fiscales en sectores específicos.

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Aunque el DDEC reconoció que la medida incluye la eliminación de ciertas exenciones, como las relacionadas con equipos solares eléctricos, aclaró que su rol no es fijar política fiscal, sino evaluar el impacto económico del paquete completo. La agencia sostuvo que la reforma no pretende frenar la transición energética, sino integrar los incentivos contributivos dentro de un esquema más amplio y sostenible.

Las agencias coincidieron en que el PS 912 busca reducir la carga contributiva individual —una de las áreas donde Puerto Rico mantiene tasas más altas en comparación con el sistema federal— mediante una nueva estructura de tasas contributivas, ajustes por inflación a exenciones personales y la eliminación de mecanismos contributivos complejos. Sin embargo, mientras Hacienda, OGP y AAFAF enfatizaron la necesidad de preservar el balance fiscal alcanzado, el DDEC puso el acento en el potencial de crecimiento económico y dinamización del consumo.

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Al cierre de la vista, el Ejecutivo reiteró su recomendación de aprobar el proyecto sin enmiendas, al advertir que cambios sustanciales podrían afectar su viabilidad fiscal y retrasar el alivio contributivo proyectado, en medio de un debate legislativo que sigue abierto sobre cómo equilibrar disciplina fiscal y desarrollo económico.