El alcalde de Camuy, Gabriel «Gaby» Hernández, aseguró que los municipios se están «desangrando».

A pesar de que el gobierno de turno ha radicado un paquete de medidas desde inicio de cuatrienio con la intención de otorgar un “alivio contributivo” al país, para la Federación de Alcaldes, eso ha provocado que los ayuntamientos se desangren.

Según Gabriel “Gaby” Hernández, alcalde de Camuy y presidente de los alcaldes federados, los gobiernos municipales claman por un respiro económico. Las obligaciones presupuestarias de las 78 alcaldías actualmente rondan en aproximadamente $450 millones, dinero que va a las arcas del Gobierno de central.

Por ejemplo, con la aprobación de la nueva Ley 78-2025, que eliminó el impuesto al inventario sobre los medicamentos recetados, ha representado un impacto fiscal a los municipios de $21 millones menos en los recaudos. Otro descrito como perjudicial para los municipios es el Proyecto de la Cámara 420, proyecto de administración, para congelar el impuesto al inventario por los próximos tres años.

“Más allá de hacer una conferencia de prensa para traer lamentos y pedir auxilio por parte del gobierno estatal, lo que estamos haciendo es presentar alternativas, proyectos de ley donde podemos comenzar a mitigar toda esta pérdida de fondos que se aproxima”, expresó Hernández en conferencia de prensa. 

“Queremos ser proactivos y comenzar este diálogo con la Asamblea Legislativa, con la Junta de Control Fiscal…No podemos desangrar los gobiernos municipales, tenemos que buscar alternativas para que los fondos sean recurrentes y seguir dando los servicios básicos en los 78 municipios”, agregó. 

¿Cuáles medidas legislativas propone?

La primera medida sería congelar la aportación al Fondo de Redención del 1.03%, que equivale a $0.11 de cada dólar recaudado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y se destina actualmente al pago de la deuda del gobierno central. 

“Ya el Gobierno re-estructuró su deuda. Porqué estamos solicitando que se congele el mismo, porque esta deuda fue reestructurada y la misma pernoctó para la misma, el total de $126 millones. Nosotros como gobierno municipal, en el estatus actual, lo que tenemos es garantizar los $126 millones recaudado y todo lo demás, en exceso, debería ir a los gobiernos municipales”, insistió Hernández. 

De aprobarse el proyecto de ley, se traduciría a $7.9 millones en beneficio de los ayuntamientos.

La segunda propuesta de la Federación de Alcaldes es enmendar el Código Municipal para que el CRIM sea responsable de cobrar las patentes por servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico. Actualmente, esos ingresos son administrados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), sin fiscalización municipal, según Hernández. La medida permitiría que los municipios reciban directamente los recaudos, lo que representaría ingresos recurrentes estimados en $1.1 millones anuales.

“Lo justo sería que esta patente se quede en las arcas municipales, sea cobrado por el CRIM y a la misma vez, sería eficiente para el CRIM para fiscalizar el cobro de esta patente”, destacó. 

La tercera medida propone distribuir $2.4 millones de un sobrante por patentes de telecomunicaciones de los años fiscales 2020 y 2025. 

“Entiendo que si ese dinero es de patentes municipales de telecomunicaciones y pertenece a los gobiernos municipales, debe estar destinado a los municipios”, insistió. 

Con ese sobrante, beneficiaría a los municipios de: Ceiba, Comerío, Florida, Maunabo, Las Marías y Patillas, ayuntamientos con pobreza marcada y limitación de servicios básicos. 

La cuarta propuesta va dirigida a facultar a los municipios a recoger y disponer de neumáticos desechados directamente desde las gomeras, permitiéndoles cobrar por ese servicio. El objetivo es evitar acumulaciones que representen un riesgo de salud pública y que los municipios puedan recibir el pago por los trabajos de recolección y transporte.  

“La ley actual nos impide captar ese ingreso que pagan cada uno de los que adquieren las gomas usadas y lo que buscamos es ser una alternativa donde en un momento de crisis y tengamos que hacer un trabajo en las diferentes gomeras, los municipios puedan recuperar su gasto de operación”, comentó. 

La federación también propuso una enmienda a la Ley de la Administración de Seguros de Salud (ASES) para excluir a los municipios del pago doble de aportaciones patronales por empleados que deciden acogerse al Plan Vital en lugar del plan médico municipal. 

Se distribuiría el 100% de los recaudos a los municipios según la Ley Núm. 53-2021 y generaría ingresos recurrentes estimados en $1,120,276 millones para los municipios.

Otras peticiones son ampliar el cuerpo policiaco municipal, para entre algunas cosas, clarificar que el Comisionado de la Policía Municipal es un funcionario que puede intervenir y actuar como agente en situaciones que lo requieran, así como incorporar el rango de subcomisionado en la Policía Municipal. Han solicitado, además, implementar de manera obligatoria el registro de licitadores para subastas informales, así como otro proyecto de ley para agilizar la administración municipal. 

Como última propuesta, solicitaron que el CRIM sea el receptor de los ingresos provenientes de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar.

“Aquí estamos presentando nueve soluciones a los problemas municipales que nos aquejan diariamente. No se trata de los federados, sino de los 78 municipios”, puntualizó.