El Frente Amplio de Acción Social y diversas organizaciones se unieron en un reclamo urgente al Estado para que enfrente y atienda la crisis de violencia generalizada como consecuencia de la flexibilización de la Ley de Armas desde el 2020.

“La violencia generalizada que enfrentamos en Puerto Rico se compara con condiciones de guerra”, dijeron en un comunicado de prensa.

Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entre 2000 y 2020, el 87.6% de los homicidios se cometieron con armas de fuego.

En el caso de feminicidios, tras la flexibilización legislativa, el porcentaje de feminicidios íntimos cometidos con armas legales pasó de 47% en 2019 a 75% en 2024, y en 2025 todos los casos de feminicidios íntimos registrados -82%- han sido con armas de fuego.

De acuerdo con las organizaciones especializadas MundoSur y la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, en 2024 Puerto Rico ocupó el segundo lugar en feminicidios en América Latina -solo precedido por Guatemala-, evidencia de una crisis que impacta directamente a las mujeres en su cotidianidad.

“Alarma la falta de acciones del Estado para atender esta crisis. La política pública vigente promueve y propicia, métodos que, lejos de desescalar y prevenir violencias por razones de género, intensifica la crudeza de las violencias manifestadas contra nuestra población. A la carencia de campañas masivas enfocadas en la concienciación y prevención de violencias, se suma el discurso oficial en apoyo a la proliferación de armas de fuego”, indicaron.

“Alarma la postura de la Lcda. Astrid Piñeiro -Procuradora de las Mujeres-, quien ha expresado que rechaza la regulación y alega que la alta proporción de feminicidios cometidos con armas de fuego responde a un asunto de educación, asunto que no ha sido atendido por la OPM. Además, considera que en lugar de prevenir feminicidios, este abordaje aumenta significativamente el riesgo de que agresores las asesinen. Además, la Lcda. Piñeiro afirmó recientemente que rechaza la restricción y regulación de armas de fuego, a pesar de la robusta evidencia que confirma la correlación entre el acceso a armas de fuego y feminicidios”, añadieron.

En agosto de este año, la gobernadora Jenniffer González Colón flexibilizó aún más la posesión de armas de fuego emitidas en 2020 y que expiraron este año, a 5 años de la aplicación de la nueva Ley de Armas. Según expresado en la Orden Ejecutiva 46-2025, el estatuto -alegadamente temporero- responde a una interrupción en la interconexión entre PRITS y el National Crime Information Center (NCIC), uno de los sistemas FBI para la verificación de antecedentes penales en los procesos de renovación y expedición de licencias. En consecuencia, el Registro Criminal Integrado (RCI), herramienta fundamental para la evaluación de solicitantes, carece de datos vitales para validar el derecho de quienes tramitan licencias de posesión de armas de fuego. La gobernadora González Colón no ha revelado el periodo estimado para acceder a este importante trámite.

Desde hace varios años faltan los datos oficiales fiables sobre el panorama de licencias para posesión y cantidad de armas de fuego legales que maneja la Policía de Puerto Rico, aunque se estima que el número de personas con licencias ronda entre 160,000 y 250,000. A esta situación se le añade el trasiego de armas ilegales que entran a la Isla. Informes no oficiales estiman que el 95% de los crímenes cometidos con armas de fuego involucran armas ilegales, y anualmente se incautaron entre 3,000 y 3,500 armas ilegales, principalmente por la Policía de Puerto Rico.

Enfocaron que la crisis de violencia normalizada en Puerto Rico es particularmente peligrosa para mujeres que enfrentan violencias y sus crías. El impacto trasciende a las víctimas directas: entre 2019 y agosto de 2025, al menos 156 menores han quedado huérfanos por feminicidios, una cifra que sigue aumentando sin que exista una política pública de reparación ni protocolos especializados para atender esta niñez. “Cada asesinato no solo arrebata una vida, sino que fractura familias y perpetúa ciclos de vulnerabilidad y exclusión. El Estado, lejos de responder con urgencia, mantiene una inacción que agrava la emergencia social”, dijeron.

“Reclamamos que el Estado garantice nuestro derecho a vivir en una sociedad sin violencias. Es urgente que la Legislatura y el Ejecutivo realicen una revisión inmediata de la Ley de Armas y establecimiento de controles estrictos sobre la expedición y renovación de licencias, priorizando la protección de comunidades precarizadas y personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres y menores, ante el alarmante aumento de feminicidios cometidos con armas legales. Exigimos que se implementen políticas públicas basadas en datos y orientadas desde las condiciones que enfrenta la ciudadanía como consecuencia de una gobernanza ineficiente e inefectiva, y que garantice la atención integral de personas y comunidades históricamente marginadas”, plantearon.

Urgieron a la creación de un plan interagencial, multidisciplinario, e interseccional que articule esfuerzos entre sectores de la psicología, sociología, educación, trabajo social, salud pública, derecho, y desarrollo integral, para prevenir y erradicar las violencias de género desde una perspectiva multisectorial y comunitaria. Exigieron el desarrollo de protocolos especializados y políticas de reparación para menores en orfandad como consecuencia de feminicidios, reconociendo el impacto estructural y familiar de la violencia machista y la urgencia de romper ciclos de vulnerabilidad y exclusión en comunidades infravaloradas.

A la exhortación se unieron el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Coordinadora Paz para las Mujeres, el Observatorio Equidad de Género y la Red Nacional de Albergues y Violencia Doméstica.