Cobró $70,000.

El Departameto de Justicia (DJ), informó sobre la radicación de 32 cargos criminales y una orden de arresto contra la corporación Axysnet, Inc. y su presidente, Jorge A. Socca Calderaro.

Según detalló en comunicado de prensa la secretaria de la agencia, Wanda Vázquez Garced, los cargos corresponden a apropiación ilegal agravada, fraude, falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados por actos cometidos contra la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y el Departamento de Hacienda (DH).

La investigación transcurrió luego de un referido de la OCPR donde se reveló que Axysnet, Inc. y su presidente y dueño facturaron por horas en exceso a las que trabajaron en ambas agencias.

Según la información revelada, la compañía cobró $70,000 bajo dicho esquema de fraude.

En la OCPR, firmó contrato con Axysnet, Inc. en junio de 2013 con vigencia hasta julio de 2014 por servicios profesionales de prestación de servicios consultivos para dar continuidad a varias tareas que se estaban realizando en la División de Sistemas de Información. El mismo duraba un año con un pago de $80 la hora, hasta un máximo de 2,024 horas.

‘Facturar y cobrar por servicios no prestados en las agencias de gobierno es ilegal y constituye un delito grave de apropiación ilegal, que no tiene derecho a probatoria. La apropiación ilegal de fondos públicos pone en precario los recursos fiscales del Gobierno, máxime en una actuación como esta en las agencias de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda. Inaceptable por demás. Seguimos vigilantes hacia una sana administración de los fondos públicos en colaboración con el Departamento de Hacienda’, indicó Vázquez Garced.

Socca Calderaro se expone a ocho años de cárcel por los cargos de apropiación ilegal agravada y fraude, y a tres años de reclusión en los cargos de falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados, además de una pena de restitución. La Corporación se expone a multas, suspensión de actividades, cancelación del certificado de incorporación, disolución de la entidad, suspensión o revocación de licencias y restitución.

La vista preliminar del caso fue citada para el 8 de agosto.