Abogados de renombre y funcionarios de Gobierno fueron arrestados durante la madrugada de hoy, martes, por presuntamente ser participe de un casino clandestino que operaba en el negocio Tira y tápate de Caguas, según informó el teniente coronel de la Policía, Jose Juan García.

‘Esto fue una operación de hace un mes. Agentes del negociado de drogas consiguieron evidencia fílmica que demostraba que allí se daban juegos de forma ilegal. Ante esto, la evidencia fue presentada y la juez Karen Álvarez autorizó la orden para proceder al lugar’, sentenció el teniente García.

En el negocio que presuntamente ‘operaba como restaurante’, se encontraron los abogados Peter Díaz Santiago y Ovidio Zayas. El primero de estos fungió como representante legal del exalcalde de Barceloneta y ahora convicto, Sol Luis Fontanes Olivo, quien se declaró culpable por nueve cargos de corrupción durante el año 2013. Fue también defensor de Sally López, exdirectora de Servicios al Ciudadano de La Fortaleza y quien estuvo implicada en varios escándalos como despilfarro de fondos públicos, imágenes intímas, entre otros.

Por su parte, Zayas es el representante legal de José Ferrer Sosa, implicado en el caso de asesinato por encargo al empresario canadiense Adam Anhang Uster, ocurrido durante el año 2005.

Asimismo, el exfuncionario de gobierno y arquitecto, Fred Muhlach, quien era presidente de la Junta de Planificación bajo el gobierno de Pedro Rosselló González y director del proyecto Comunidades Especiales bajo la gobernación de Luis Fortuño, también se encontró en el lugar de los hechos.

Entre otros implicados, se localizó a Roberto Vila, quien actualmente realiza labores gubernamentales junto a la Agencia para el Manejo de Emergencias.

Tras preguntas de este medio sobre posibles conscuencias al negocio, el uniformado estableció que ‘la investigación se va a extender. El negocio va a seguir operando de manera normal, vendiendo comida porque para eso tiene permisos. De continuar con prácticas ilegales, vamos a estar trabajando en conjunto con El Departamento de Hacienda, quien entonces se encargará de retirarle los permisos para operar’.

Estos y los demás implicados (que suman 17) fueron citados el próximo 16 de marzo para la radicación de cargos por presuntamente violar ‘artículos de la ley 318’, se mencionó.