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DE cancela contratos a empresa de tutorías tras arrestos del FBI (galería y

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El secretario del Departamento de Educación (DE), Rafael Román, anunció la cancelación de todos los contratos que tenía Rocket Learning, uno de estos por la suma de $4.3 millones para dar servicios a una docena de escuelas con los resultados más pobres, luego de que fiscalía federal anunciara el jueves la radicación de cargos por fraude contra la compañía y 31 funcionarios en relación a los servicios de tutorías a estudiantes de educación especial.

De los otros dos contratos no ofreció cifras exactas porque funcionan a modo de catálogo de compras, en las que participan directamente las escuelas.

Aunque Román había cancelado el Programa de Servicios Educativos Suplementarios (SES) desde hace dos años, por su ineficiencia en lograr un mejoramiento en los resultados de los niños y niñas, la compañía Rocket Learning aún mantenía tres contratos bajo programas diferentes, entre ellos la nueva Red de Apoyo Diferenciado (RAD), que atiende el 15% de escuelas con mayor rezago.

Esto fue posible tras aprobarse el Plan de Flexibilidad, que permitía una mayor discreción en el uso de los fondos, para que no fueran destinados exclusivamente a tutorías. Fue entonces que con los fondos de más de $100 millones, se crearon las RAD, que ofrecen servicios de maestros sustitutos, apoyo tecnológico, ayuda en uso de datos y liderato educacional.

Román alegó que el nuevo programa tiene una serie de controles que previenen que se cometan ese tipo de fraudes.

En el año 2012-2013, Rocket Learning adquirió un contrato de $19.6 millones, previo a que fuera cancelado el programa de SES.

El Departamento mantiene contrato con siete de las compañías que ofrecían servicios de tutorías bajo el programa investigado. Action To Build Changes (ABC, CORP.), Ediciones Santillana, Inc., Corporación Servicios Educativos Yabucoa (COSEY), Corporación de Servicios Educativos, Inc. (COSES), GF Solutions, Inc., Great Educational Services y Virtual Educational Resources Network, Inc (Vernet) todas mantienen contratos con el DE bajo el programa Red de Apoyo Diferenciado.

Sobre las investigaciones venideras, en las que se alega hubo participación de maestros, Román advirtió: ‘si se comprueba que maestros se prestaron para eso (el fraude), nunca debieron ser maestros’.

Román dijo estar cooperando con las autoridades federales, y que esperará a que concluya la investigación, antes de hablar de sanciones a personal del Departamento, que estuvo involucrado.

La investigación federal comprende un periodo de 2011 a 2013.

‘Esta acusación incluye 26 cargos por fraude postal por pagos enviados a través del correo a Rocket Learning para pagar 26 facturas que contenían información fraudulenta’, dijo la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, en una conferencia de prensa.

Entre los acusados por este supuesto esquema figuran la directora de la compañía en Puerto Rico, Brenda Pérez García y los directores y gerentes de programas de las regiones de San Juan, Caguas, Ponce y Arecibo.

La fiscal federal explicó que los funcionarios de la compañía privada que daba servicios al Departamento de Educación (DE), supuestamente falsificó información de estudiantes para cobrar por unas tutorías. Según detalló, se utilizaron a estudiantes y hasta maestros para falsificar la información. Sin embargo, en esta ocasión no se arrestaron a maestros.

Rodríguez mencionó además, que están viendo la forma en que empleados del DE atendieron estas situaciones ‘para ver qué hicieron o no hicieron’.

El caso fue referido en el mes de febrero por la contralora, Yesmín Valdivieso. ‘Me da vergüenza que sean hombres y mujeres puertorriqueños seguramente padres y madres de estudiantes del sistema de educación de Puerto Rico, los que estén haciendo esto. Estas personas vergonzosamente utilizaron los dineros para lucrarse ellos. Entonces hablamos del sistema educativo en Puerto Rico y me da rabia…’, dijo la Valdivieso.

Por su parte, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Carlos Cases dijo en la conferencia de prensa que cuando le hablaron del caso, pensó ‘que se trataba de uno de los chistes de Pepito’.

‘A las compañías que le proveen servicios al Departamento de Educación de Puerto Rico, a Rocket Learning, los dejo con este mensaje: sabemos quiénes son y lo que se han robado. Este tren ya salió y no hay quien lo detenga. Esperen más arrestos como los del día de hoy’, señaló Cases.

El programa de Servicios Educativos Suplementarios actualmente se encuentra detenido a raíz de la investigación que hizo el Departamento de Educación federal por supuestos malos manejos. Entre el 2011 y el 2013 se destinaron 200 millones de dólares.

De ser hallados culpables, los imputados enfrentarían sentencias máximas de 20 años de cárcel.

Reclaman tutorías del DE pasen a la UPR

En medio de los arrestos por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a 31 personas por supuesto fraude a programas del Departamento de Educación (DE) que reciben fondos federales, incluidos el de tutorías, el Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras reclamó que se tomen acciones inmediatas para que esos servicios educativos sean ofrecidos por la Universidad de Puerto Rico (UPR).

A juicio del cuerpo que representa a los estudiantes del Recinto de Río Piedras, es crucial que se tomen acciones inmediatas para proteger el desarrollo educativo de los futuros jóvenes del país.

‘Hemos propuesto esta idea por más de tres años y ha caído en oídos sordos, sin embargo quien resulta perjudicado de las malas acciones del gobierno es la juventud puertorriqueña. Reclamamos que se tomen acciones inmediatas y se considere la propuesta que llevamos planteando por tres años y que no se afecte nuevamente a las futuras generaciones del país’, destacó en un comunicado Guillermo Guasp Pérez, presidente del CGE.

Detalló que la propuesta presentada por los universitarios consiste en que los fondos asignados por el DE para servicios educativos sean asignados a la UPR para que esta brinde la asesoría educativa. Esta propuesta redirigiría más de 200 millones de dólares del DE a la UPR para que sus estudiantes y docentes brinden el servicio. De acuerdo al reclamo estudiantil, la UPR se ha destacado por brindarle una educación de calidad a jóvenes universitarios y al país pese a la crisis económica.

‘El gobierno actual ha hecho un llamado a propuestas, sin embargo, acciones concretas como estas que van a fortalecer a la educación pública del país las descartan sin explicaciones algunas. Mientras se descartan ideas como éstas seguiremos atentando contra el desarrollo educativo de las futuras generaciones del país’, recalcó por su parte Eliezer Nieves Carrucini, estudiante de la Facultad de Educación y representante ante la Junta Administrativa.

*Parte de la información fue publicada a las 7:10 a.m.

Orden arresto Rocket Learning – NotiCel _14935    

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