Empleados unionados de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizaron una manifestación la mañana del martes en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en Minillas en Santurce, por el impacto de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y en la que rechazan las posibles medidas de recortes que contempla el gobierno.

‘Los trabajadores, representados por el gremio, reclaman del patrono negociar el impacto que ha tenido sobre ellos la aplicación de la Ley 66, por lo que han perdido derechos y condiciones de trabajo negociadas o que se les reconocen a otros trabajadores del servicio público como son la acumulación de días de vacaciones y enfermedad, licencia de maternidad, paternidad o funeral, entre otros derechos’, dijo en un comunicado Lissette Barreto Pérez, portavoz de PROSOL UTIER en la ACT.

Por otro lado, la líder sindical dijo que el gobernador, Alejandro García Padilla se comprometió a discutir estas medidas con la mediación del Departamento del Trabajo el primero de diciembre de 2014, pero el patrono no cumplió la palabra del gobernador. Por otro lado, señaló que en unión a empleados gerenciales, durante las pasadas tres semanas se han realizado piquetes y denuncias ante el patrono que insiste en evaluar unilateralmente las condiciones de trabajo en un futuro.

Entretanto, sostuvo que debe abrirse un proceso de negociación retroactiva ya que las medidas tomadas por el patrono no han tenido efecto sustancial en las finanzas del patrono aunque han sido devastadoras para los empleados. Por otra parte, continúa la otorgación de contratos millonarios a compañías privadas por trabajos que personal unionado y gerencial pueden realizar a un menor costo.

‘La protesta de los trabajadores incluye rechazar las medidas que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el ejecutivo promueven sobre la base del miedo y el chantaje, tales como las amenazas de cierres gubernamentales, reestructuraciones y reducción de jornada. PROSOL UTIER sostiene que debe legislarse impuestos al capital, entrar en un proceso de imponer responsabilidad y penalidades a quienes otorgaron prestamos en la ACT y promovieron contratos privados que han costado más a la agencia que de haberse realizado con empleados unionados o gerenciales’, agregó Barreto Pérez.

Señaló que además debe incluirse un proceso de moratoria en el pago de la deuda y reestructurar el monto del principal, los intereses y ampliar el término de pago de modo que se rehabilite la ACT.