El juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto el jueves, contra Carmen Elena Santiago Ayala, una exempleada de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), quien supuestamente ingresó a la agencia presentando documentación falsa.

Contra Santiago Ayala se radicaron 13 cargos por apropiación ilegal agravada, robo de identidad, fraude, traspaso de documentos falsos, y violación a la Ley de Ética Gubernamental de 2012.

De la investigación se desprende que para octubre de 2011, Santiago Ayala, quien laboraba como oficial administrativo en la División de Reclamaciones del CFSE en la Región de Humacao, sometió certificaciones y diplomas (bachillerato y maestría) falsos de la Universidad del Turabo para obtener el puesto en el que se encontraba.

Más adelante, durante los meses de diciembre de 2011 a mayo de 2012, presentó documentos para participar en cinco convocatorias dirigidas a puestos gerenciales de carrera. Las incongruencias en la documentación sometida fueron encontradas por un analista de Recursos Humanos de la corporación pública.

El analista, quien refirió la investigación a la Oficina de Auditoría Interna de la agencia, notó que una certificación de maestría sometida indicaba que se había graduado con honores, pero no contenía el logo de la institución. También, encontró que en los diplomas de bachillerato y maestría no figuraba la fecha completa de la otorgación del grado, sino que solo indicaba el mes.

La indagación hecha por parte de la Oficina de Auditoría Interna reflejó que la Universidad del Turabo certificó que la sospechosa solo cursó dos semestres académicos, entre agosto de 2008 a mayo de 2009, donde aprobó 9 créditos con un índice académico de 0.75.

Además de los documentos falsos que supuestamente certificaban su preparación académica, la mujer presentó certificaciones de empleo y cartas de recomendación simuladas del Municipio de Yabucoa y la empresa Caribbean Cinemas.

Eventualmente, el 30 de junio de 2012, la imputada presentó su renuncia. Durante el tiempo trabajado esta devengó 13,128.66 dólares ilegalmente.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Melvin Colón Bonet, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.

El juez le fijó una fianza de 2,000 dólares en cada cargo presentado, para un total de 26,000 dólares. Esta fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

Santiago Ayala se expone a cumplir una pena de hasta ocho años de cárcel por apropiación ilegal de fondos bajo el Código Penal del 2004, y no cualificaría para probatoria por este cargo.

Asimismo, por el delito del Artículo 4.2(o) de la Ley de Ética Gubernamental, se expone a una pena de tres años de cárcel y una multa de 5,000 dólares.

La vista preliminar fue señalada para el 18 de febrero.