El plan piloto del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que incluye el uso de cámaras de video e imágenes para multar a conductores que violen la Ley de Tránsito, aún no entra en vigor pero ya se ve amenazado por una investigación cameral y convertirse en un caso en el tribunal.

El programa, conocido como Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito (SIMOENE), será objeto de investigación si la Cámara de Representantes da paso a una medida del representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez, que busca estudiar bajo qué circunstancias su contrato fue otorgado.

Asimismo, podría ser detenido si el foro judicial acepta un recurso legal que Gilberto Arvelo, mejor conocido como Dr. Shoper, presentará para paralizar lo que, a su juicio, es un entrampamiento para los conductores puertorriqueños.

‘Ellos (DTOP) pensaban que este sistema no se iba a cuestionar. Esto no es más que un plan para tumbarle el dinero a la gente. Ellos no imaginaban que esto iba a explotar. Este proyecto hay que detenerlo’, puntulizó Arvelo en entrevista con NotiCel.

Entre los cuestionamientos de Dr. Shoper está la ausencia de subasta para la otorgación del contrato a la empresa International Traffic Systems, la autoridad de un empleado de esa compañía de determinar o no si presenta una falta al conductor, y qué exactamente hará la agencia con la información recopilada a través del sistema.

International Traffic Systems tendrá el poder de supervisar los movimientos en las intersecciones donde su equipo sea instalado, teniendo así el control de multar o no a aquellos conductores que cometan alguna infracción.

Mientras, el representante Navarro Suárez, indicó que,’La información que hemos evaluado de este proyecto apunta a que este sistema ha sido implementado con el propósito principal de generar ingresos adicionales para el fisco y beneficiar económicamente a una compañía con lazos al gobierno de turno’, indicó el portavoz de la minoría en la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor.

‘Es altamente cuestionable que el gobierno le haya otorgado el contrato de administración de un sistema tan complicado a una compañía que fue incorporada en el Departamento de Estado por un conocido cabildero político hace escasamente 15 meses y sin proceso de licitación y subasta correspondiente’, agregó.

Navarro Suárez objetó la instalación de las cámaras y cuestionó qué criterios se utilizaron para su ubicación, que según el DTOP, se colocarán en 50 intersecciones de gran flujo vehicular, en este caso más de 5 mil autos diariamente.

Dudas como la del legislador y Arvelo surgieron en Washington D.C. donde un programa parecido fue instalado. En ese entonces, muchos ciudadanos denunciaron el mal manejo del sistema electrónico también utilizado para velar la seguridad vial.

Cientos de cámaras fueron instaladas en toda la ciudad, levantando así objeciones y dudas sobre su funcionamiento. El distrito federal logró recaudar $172 millones el año pasado con el programa.

En Puerto Rico aún se desconoce qué razones motivaron a la administración del DTOP a ofrecerle el 45% de las ganancias de las multas a la empresa privada que, de acuerdo a Navarro Suárez, pertenece al cabildero Jonathan Miller.

NotiCel se comunicó en varias ocasiones con la portavoz de la agencia para obtener una reacción del secretario, Miguel Torres, sin embargo, los intentos no dieron resultados.

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