El alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, permanecerá arrestado esta noche luego que el magistrado federal, Marcos E. López, se reservara el fallo tras la celebración de la vista de fianza.

Su decisión la anunciará una vez evalúe los documentos e información que la fiscalía y la defensa presentaron en la audiencia que duró unas cinco horas.

A su salida de sala, Rubén Morales Oliver, representante legal del Ejecutivo Municipal, sostuvo que su cliente podría salir libre bajo fianza pues no representa un riesgo para la sociedad.

‘Así esperamos que sea. Le tenemos mucho respeto a la decisión del juez. Él sabra. Pero yo creo que con el récord que le hemos presentado sí debe salir libre bajo fianza. Eso esperamos’, declaró el abogado acompañado de familiares y amigos, entre los que se encontraba el senador popular, Pedro ‘Pedrito’ Rodríguez y el alcalde de Comerío y presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago.

Ambas partes presentaron en la audiencia sus alegaciones sobre si el Alcalde debía permanecer en el Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, o salir libre bajo fianza.

El fiscal Charles Walsh presentó como testigo a Edwin López, un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) especializado en corrupción pública. En su declaración, el funcionario federal expuso las conversaciones que Rivera Correa sostuvo con implicados en el caso donde les ordenaba a mantenerse callados y no cooperar con las autoridades tras el arresto del alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes.

Esas grabaciones que presentó la fiscalía mostraron, también, algunos de los pagos que recibió el alcalde para influenciar en negocios con el Municipio entre los que se destacan donativo de $400 a su campaña política, otro de $1,000 y 40 boletos de $100 cada uno para una actividad de recaudación de fondos.

En otra reproducción que se escuchó en sala el alcalde profirió palabras soeces contra Alejandro Carrasco, coacusado y exasesor legal de Río Grande, por este supuestamente cooperar con las autoridades.

José Luis Morales Algarín, auditor de la Oficina de Ética Gubernamental, también testificó en la sala 10 del Tribunal Federal y explicó que tras evaluar las planillas y estados de cuenta del funcionario se percató que las cifras no cuadraban.

El estudio de sus finanzas se realizó desde el 2008 hasta el 2013, cuando Rivera Correa recibió miles de dólares entre los que resaltan pagos por premios en casinos ascendentes a $252,000.

Sin embargo, no hubo evidencia clara de la procedencia del dinero de su cuenta de banco.

La determinación del magistrado podría ser rápida o tomar varios días, según el abogado del acusado por soborno, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia.

Rivera Correa estuvo esposado de manos y pies durante la celebración de la vista, y lucíó cansado y desanimado.