Con gritos de oposición de fondo de jóvenes y un puñado de residentes de la urbanización Santa Rita en Rio Piedras, al alcalde de San Juan, Jorge Santini, inauguró hoy una vivienda para pacientes VIH.

Rosa Díaz, que vive en la urbanización hace más de 15 años, criticó la movida porque ni siquiera se ha atendido el problema de ‘deambulancia’ y criminalidad en la zona.

Pero la directora de la Perla del Gran Precio, organización encargada de la vivienda y rehabilitación de personas sin hogar y pacientes seropositivos, Lissette Alonso, sostuvo que se trata de ‘dar dignidad y calidad de vida a los que han recibido el tratamiento’ adecuado para reintegrarse a la sociedad.

Los vecinos clamaron porque ese tipo de residencia se coloque en otras zonas como Baldrich o University Gardens, porque ya cuentan con tres viviendas para personas sin hogar y que, alegaron, hacen que lleguen más ‘deambulantes’ y aumente la falta de seguridad.

El proyecto se inauguró a pesar de la protesta y la mirada atónita de la secretaria auxiliar de Vivienda Federal, Mercedes Márquez, y el secretario de Salud, Lorenzo González.

La inversión, de fondos federales, sobrepasa los 375.000 dólares del programa ‘Housing Opportunities for Persons with Aids’ y otros cientos de miles de dólares para el tratamiento de los pacientes VIH.

González explicó que el gobierno central tenía dinero no utilizado desde hace años y que logró hacer la transferencia de capital al municipio para la adquisición, remodelación y uso de la casa en la calle Madrid de la urbanización Santa Rita en Río Piedras.

‘La parte bonita es que da dignidad a la población, pueden vivir, tienen una llave para entrar a su casa, una nevera para poner sus cosas y poder cocinar… y ya no vemos que los pacientes dicen que las clínicas no los están atendiendo… sabemos que tenemos que mejorar las clínicas y a eso vamos’, dijo González.

Santini, por su parte, sostuvo que ‘no importa la condición de salud que les afecte, son seres humanos como todos nosotros… no tenemos que esperar las campañas políticas, en lugar de preocuparnos tenemos que ocuparnos’.

Fue en ese momento que los jóvenes se acercaron a la carpa en la que se realizó la conferencia de prensa con hojas de papel que leían: ‘participación real en la reforma’ y ‘la Ley 7 (de Emergencia Fiscal) afecta a las comunidades’.

El alcalde de San Juan intentaba evadir con su vista la protesta y los asistentes a la actividad comenzaron a aplaudir para que no se escucharan los gritos de los manifestantes.

Márquez agradeció el trabajo de los funcionarios federales en la isla para que se lograra ese proyecto y adelantó que como parte del compromiso del gobierno estadounidense continuarán mejorando los programas que reciben fondos en Puerto Rico.

‘Este lugar era uno completamente abandonado, vivía gente en mal estado, nosotros cogimos este lugar y lo hemos puesto digno para personas dignas. Aquí va a vivir gente que han hecho un esfuerzo en sus vidas para poder salir de las calles, de lugares donde la vida les dio duro y van a vivir aquí dignamente porque la Perla del Gran Precio hace lugares dignos’, afirmó Alonso en respuesta a la manifestación.

Pero más tarde, Díaz y Alejita Pirdi, líderes comunitarias de la zona, aclararon que el problema no es la incursión de los nuevos residentes en la urbanización sino que en lugares donde exista poder económico como en áreas cercanas no se lleven esos proyectos y que no se atiendan las necesidades de la comunidad.

‘Al final tendré que mudarme’, dijo Pirdi, por la inseguridad en la que vive y los problemas que acarrean los deambulantes y ebrios en horas de la madrugada.

Sin embargo, Alonso indicó que ‘desgraciadamente, si nos vamos a los campos la gente nos quiere, en la ciudad no nos quieren, pero después que nos conocen y ven que la gente tiene dignidad entonces somos los que ayudamos a la comunidad’.

Santini explicó que el problema que conoce en la zona es la ‘proliferación desmedida de barras y borracheras hasta horas de la madrugada’ pero alegó que la situación mejorará con el nuevo Código de Ordenamiento Social y de Paz Ciudadana, que impondrá horarios diferentes para los cierres de negocios y mayores penalidades por incumplimiento.