La nueva ley es una de un total de 17 leyes firmadas hoy por la mandataria.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió hoy en ley el proyecto que extiende el término de nombramiento de los registradores de la propiedad, procuradores y fiscales a 16 años.

La nueva ley es una de un total de diez leyes y siete resoluciones conjuntas firmadas hoy por la mandataria, quien también anunció que vetó otras tres medidas ante su consideración.

Según la medida de extensión de términos, el sistema de justicia y el sistema registral requieren funcionarios “que cuenten con estabilidad en sus cargos, independencia de criterio y experiencia acumulada en el manejo de casos complejos. Limitar sus nombramientos a términos relativamente cortos genera inestabilidad y afecta la continuidad en la atención de estas delicadas materias”.  

La gobernadora también firmó el Proyecto de la Cámara 473 que establece que las multas de tránsito deberán ser notificadas a través de la aplicación móvil (app) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para las licencias virtuales, CESCO Digital, o cualquier otro sistema digital autorizado por el secretario con propósitos de notificación ciudadana.

“Esta es una medida cónsona con el programa de gobierno que busca desarrollar eficiencia en las agencias gubernamentales a través del uso de la tecnología. El ciudadano se beneficiará directamente ya que tendrá una vía adicional para la notificación adecuada de multas de tránsito a través de las plataformas digitales del DTOP/CESCO que incluye información detallada para que ciudadano pueda corroborar su veracidad y corrección”, afirmó.

Por otra parte, también convirtió en ley la medida que enmienda los Artículos 2 y 5 de la “Ley Habilitadora para implementar el Plan de Alerta Silver” para aclarar el periodo de tiempo en el que se emitirá la alerta con el objetivo de asegurar que las autoridades actúen de manera expedita y efectiva para localizar personas desaparecidas con condiciones cognitivas.

“Se establece un plazo máximo de seis (6) horas para emitir la Alerta Silver desde el último avistamiento o desde la presentación de la querella, y se repitan conforme a las guías del Emergency Alert System (EAS) y la FCC. Actualmente ya la Ley tiene un plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde la prestación de la querella”, dice el texto.

De igual manera, ya es ley el proyecto que enmienda la “Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas” para imponer penalidades distintas a quienes asisten a casinos ilegales y los que poseen y tienen interés económico en estos; se aumentan las penas para estos últimos. “La firma de este proyecto demuestra el compromiso de la gobernadora de proveer herramientas efectivas para combatir los juegos ilegales que defraudan al erario, afectan el turismo y fomentan la adicción a los juegos”, establece la medida.

También se aprobó legislación para exceptuar a ciertos funcionarios del Cuerpo de Bomberos de las reglas sobre vehículos oficiales y sancionar a quienes vendan o intenten distribuir cigarrillos, cigarrillos electrónicos u otros productos relacionados a menores de 21 años.

Las resoluciones conjuntas incluyen medidas para evaluar la transferencia de un antiguo cuartel estatal al municipio de Cabo Rojo, estudiar soluciones al tránsito en la PR-177 en Guaynabo, habilitar plataformas para descuentos en multas, reasignar 107 mil dólares para mejoras en el cementerio de Lomas Verdes en Bayamón y designar vías públicas con nombres de figuras como Albita Rivera y Carlos Romero Barceló.

La gobernadora también vetó tres proyectos. Uno buscaba declarar abril como mes de educación financiera, pero fue rechazado por un impacto fiscal estimado de 325,400 dólares y por duplicar legislación existente. Otro pretendía ampliar funciones de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, lo cual se descartó por falta de recursos. El tercero proponía crear el programa Comunidad VIVA en la ODSEC, pero se consideró inviable por problemas administrativos, operacionales y fiscales.