La administradora de ASG dijo que el nuevo reglamento moderniza los procesos y elimina burocracia.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló la nueva reglamentación establecida por la Administración de Servicios Generales (AGS) que introduce mecanismos de cumplimientos y fiscalizaciones más estrictas.

Karla Mercado Rivera, administradora de ASG y principal oficial de compras del gobierno de Puerto Rico, explicó que el nuevo reglamento moderniza los procesos y elimina burocracia para así fortalecer la transparencia y el uso de los fondos públicos.

“Está aprobado finalmente y radicado al Departamento de Estado el nuevo reglamento para las compras, subasta y contrataciones públicas de servicios no profesionales que va a regir todo el proceso de contrataciones en el gobierno”, dijo Mercado Rivera durante una conferencia de prensa acompaña por Arnaldo Cruz, subdirector ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal.

Actualmente, las adquisiciones competitivas de servicios profesionales son requeridas para contratos de $250,000 o más, según la Orden Ejecutiva 2021-029. La Junta opinó que dicha cantidad de dinero es demasiado elevada para asegurar la eficiencia.

La funcionaria destacó que durante el proceso de análisis y redacción del nuevo reglamento fortalece la fiscalización y amplía los mecanismos de rendición de cuentas. Uno de ellos es la creación de una Oficina de Investigaciones Especiales que monitoreará procesos de compras, investigará incumplimientos y establecerá planes correctivos en las agencias y entidades exentas cuando sea requerido.

“Estará dirigida solamente a auditar y validar los procesos que sigan en entidades exentas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, señaló.

“Los procesos de compras son sumamente importantes para una sana administración y la salud fiscal. Por décadas, era uno de los grandes retos que tenía el gobierno de Puerto Rico. Colaboramos con Karla para asegurarnos de que el lenguaje final está alineado con el plan fiscal. Entendemos que es un paso importante para seguir reformando los procesos de compras en el gobierno”, indicó Cruz.

Mercado Rivera, además, destacó que las nuevas guías limitan las comunicaciones “ex-parte” por cabilderos registrados o no.

“Es importante que en los procesos competitivos se entienda que, además de garantizar la transparencia, una de las razones principales que existe es porque es el momento que se tiene una comunicación directa para tender un contrato beneficios por los servicios para lo que son contratados. Las comunicaciones entre las dos partes, en este caso el gobierno y el privado, se tienen que dar. Lo importante es que estén dentro del marco regulatorio y se le de igual oportunidad a todas las partes”, explicó.

El reglamento establece las penalidades, tales como multas, que les aplicarían a los ciudadanos que incurran en fallas, además de otras consecuencias establecida en el código anticorrupción.

“Donde más tiempo dedicamos es el tema de competencias. Hacemos un análisis, vamos documentos y evaluamos el proceso de compra. Si cumple con los requisitos de compras y, si no, hacemos unas observaciones”, mencionó Cruz.