Una Orden Administrativa establece que los casos de maltrato no podrán ser archivados por falta de interés de la víctima.

La gobernadora Jenniffer González Colón y la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, anunciaron la creación de una nueva Unidad Especializada de Maltrato a Adultos Mayores para atender y brindar servicios a esta población a través de las 13 fiscalías. 

“Nos comprometimos en transformar el gobierno en uno que entienda y atienda las necesidades de los adultos mayores, esto incluye la protección legal y asegurar sus derechos. Lo estamos cumpliendo. La creación de esta unidad es parte de esa transformación en donde nuestra política pública es una cero tolerancias al maltrato contra esta población, enfocada en la protección de los adultos mayores contra la explotación financiera, así como la promoción del envejecimiento saludable y la calidad de vida de esta población”, expresó González Colón.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia señaló que “la creación de la unidad representa un importante instrumento para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta inmediata a situaciones que atentan contra los derechos de este sector de la población, en armonía con los principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad humana conforman el ordenamiento jurídico”.

En el anuncio estuvieron junto a la gobernadora y la secretaria de Justicia, el jefe de fiscales Juan Ramos, la directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos, fiscal Naydik Ramos Montesino, miembros de la Unidad Especializada de Maltrato a Adultos Mayores y su directora la fiscal Vanessa Birriel Figueroa y el director estatal de AARP José Acarón. 

Cómo operará 

Creada bajo la Orden Administrativa 2025-11, la nueva unidad uniforma los procesos a nivel de las 13 fiscalías, se fomenta mayor eficiencia en las investigaciones a través de la pericia y atención individualizada de los fiscales, dirigida a lograr un mayor número de convicciones en los delitos contra adultos de 60 años o más.

La nueva unidad está en funciones desde el pasado octubre cuando se firmó la orden administrativa, y su directora es la fiscal Vanessa Birriel Figueroa. La misma, está adscrita a la Oficina del Jefe de los Fiscales y contará con 26 fiscales que tendrán a su cargo investigar, radicar y procesar los delitos contra la población de la tercera edad en Puerto Rico.

De igual forma, la Orden Administrativa establece que los casos de maltrato de adultos mayores no podrán ser archivados por falta de interés de la víctima y requerirán la presencia de un fiscal en todo el proceso criminal, incluyendo en Regla 6 (vista de causa probable para el arresto). De igual forma, como parte de la nueva política pública para atender esta población, toda querella que involucre a adultos mayores debe atenderse con eficiencia y sensibilidad, dentro de las primeras 24 horas de ser radicada. 

Asimismo, con esta Orden Administrativa y la creación de la nueva Unidad, se establece que en todos los casos de maltrato o delito a un adulto mayor se activará la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos del Delito, con el propósito de brindarle ayuda en intervención en crisis, consejería a los adultos mayores víctimas de delito, orientación sobre el proceso legal, referidos a servicios psicoterapéuticos, acompañamiento durante todo el proceso, coordinación de referidos para servicios de seguridad; así como rondas preventivas y relocalización, entre otros.

Los fiscales asignados a la nueva Unidad han sido adiestrados en diversos temas relacionados con el manejo de casos de adultos mayores y recientemente recibieron un curso intensivo sobre Edadismo y Justicia: Herramientas para un Ministerio Público sensible y efectivo en la protección del adulto mayor. Entre los temas en los que fueron capacitados, figuró el impacto de los prejuicios por edad en la práctica jurídica y la adopción de una comunicación ética y empática orientada a esta población. 

Además, se incorporó un taller práctico orientado a la aplicación de los aspectos civiles y penales relacionados con la protección de las personas adultas mayores, con el fin de optimizar la función fiscal y la salvaguarda de los derechos de esta población particularmente vulnerable, como parte de la política pública de la secretaria Gómez Torres, enfocada en que los fiscales tengan una formación integral.