En los pasados años, varios municipios han radicado demandas contra contratistas federales que laboran en la  reconstrucción de la isla. El mas controversial de estos casos fue radicado por una docena de municipios en el 2019 y ya han obtenido fallos favorables en el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones. 

Los municipios exigen más de $75 millones de dólares en impuestos sobre consumo y los demandados, Cobra Adquisition, LLC (“Cobra”), plantea que las obras fueron realizadas como contratistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”)mediante el uso de fondos asignados por la Agencia Federal para elManejo de Emergencias (por sus siglas en inglés “FEMA”), y que ambas circunstancias los eximen del pago de estos arbitrios. Estas demandas pudieran contradecir la leyes que exoneran a las entidades gubernamentales y las corporaciones públicas y a sus contratistas del pago de impuestos municipales de construcción. 

Cobra una subsidiaria de Mammoth Energy Services, Inc., fue contratada por la AEE para llevar a cabo labores de emergencia dirigidas a restablecer el servicio y la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico tras los daños causados por el huracán María en septiembre de 2017. Cobra fue instrumental para las tareasde reparación y reconstrucción de la infraestructura eléctrica, así como para realizar una amplia gama de actividades para abordar la crisis energética asegurando el funcionamiento básico de la red en lo que se planificaban trabajos a largo plazo. 

La empresa facturó $1.8 mil millones por los servicios de reparación y reconstrucción eléctrica, obras por las que los municipios demandantes intentan cobrar una porción estimada en más de $75 millones para financiar sus operaciones locales. 

Decisiones encontradas provocan nueva solicitud al Supermo

En el año 2023, los tribunales de Puerto Rico atendieron un reclamo similar en el que el Municipio de San Juan intentó cobrar arbitrios de construcción a Lord Construction Group quien fungía como un contratista de la AEE. Precisamente, en el caso de Lord Construction Group v. Municipio de San Juan, el Tribunal de Apelaciones no permitió su imposición tributaria lo que claramente contradice la más reciente sentencia contra Cobra.

En el caso de los municipios contra Cobra, un año más tarde, ese mismo foro judicial determinó que, “luego de analizar las legislaciones aplicables, podemos determinar que las exenciones noson aplicables a COBRA. La Ley de Municipios Autónomos, supra,provee para el pago de arbitrios a la compañía que ejecuta la obra y que haya sido contratada por la AEE, así pues, su exención no le es extensiva».

Esta contradicción en las determinaciones ante una controversia similar a motivado a Cobra a intentar que el Tribunal Supremo resuelva la contradicción mediante opinión, para que se establezca una norma que aplique a todo caso donde un contratista realice trabajos para una entidad del gobierno estatal.

Esta prolongada controversia judicial ya ha logrado la atención de miembros del Congreso federal y de entidades que buscan salvaguardar los fondos que gastan las agencias federales.

Gobierno federal atento a estas determinaciones

En una comunicación al director de la Oficina de Administración y Presupuesto (por sus siglas en ingles “OMB”), el congresista W. Gregory Steube manifestó su molestia y preocupación por las acciones de alcaldes que intentan imponer una carga contributiva a los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica. “El Departamento de Energía asignó $365 millones para la recuperación energética y la transformación de la red. Estos fondos están en riesgo de ser gravados [por los municipios]. Esto significará menos recursos para la recuperación energética de Puerto Rico, a expensas del pueblo puertorriqueño y con un costo mayor para el contribuyente estadounidense”, argumentó el congresista quien es miembro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes federal. 

Steube se expresó sobre su “ preocupación por una situación preocupante que involucra a Cobra Acquisitions, un contratista de FEMA involucrado en la recuperación energética de Puerto Rico tras los huracanes María e Irma. Cobra, bajo un contrato de emergencia financiado por el gobierno federal con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, restauró la red eléctrica de la isla, de menos del 4%, a más del 98% de funcionalidad entre 2017 y 2019”.

El congresista que representa el distrito 17 del estado de Florida, arguyó además que a que existe una exención explícita para impedir el cobro de estos impuestos municipales de construcción, los alcaldes están exigiendo ahora más de $100 millones en impuestos atrasados. “Estas reclamaciones retroactivas no solo son legalmente cuestionables, sino que representan un intento de estos municipios de utilizar fondos federales para rescatar a sus gobiernos locales en quiebra”, dijo Steube. Este medio no pudo obtener copia de la respuesta de la OMB a la solicitud de intervención del congresista.

Indignación nacional por las acciones de los alcaldes

La Unión Nacional de Contribuyentes (NTU, por sus siglas en inglés) ha calificado de «aprovechamiento económico a expensas de los contribuyentes estadounidenses» las acciones realizadas por los municipios en Puerto Rico, específicamente en relación con el uso de fondos de recuperación por desastres de FEMA. “Los dólares federales deberían dirigirse a restaurar servicios esenciales, no a llenar las arcas municipales”, argumento Thomas Aiello, director senior de NTU en una carta dirigida a la Secretaria de  U.S. Department of Homeland Security,  Kristi Noem .

En un informe reciente, la NTU criticó los esfuerzos de ciertos municipios de la isla para utilizar los fondos destinados a la recuperación de desastres para saldar deudas que surgen por una administración deficiente. La organización argumenta que esta práctica que tiene el efecto de desviar  recursos federales que deberían destinarse a la reparación de infraestructuras deterioradas, afectando así la recuperación de la isla.

La NTU, una organización que aboga por impuestos más bajos y un menor gasto gubernamental, utiliza este lenguaje dentro de su misión de oponerse a lo que consideran gastos gubernamentales innecesarios y una carga fiscal excesiva sobre los ciudadanos. Este tipo de críticas resalta la creciente tensión entre los municipios que buscan fuentes de financiamiento y la defensa por un manejo responsable de los fondos públicos.

Según detalló Aiello, las imposiciones de impuestos municipales, “no se tratan de equidad o recuperación; se trata de dinero en efectivo. Ante la disminución de los ingresos, las localidades están tratando los fondos de FEMA como un mecanismo de rescate, desviando dólares de impuestos destinados a la reconstrucción”.

Sobre el intento de municipios como Salinas de imponer contribuciones a los proyectos realizados para reparar la red eléctrica, Aiello comentó también que, “cada dólar desviado para pagar una factura de impuestos municipales es un dólar que no se gasta en reparar subestaciones, modernizar la red o reforzar la infraestructura contra la próxima tormenta. Gravar proyectos de infraestructura de esta manera no producirá más recuperación”.

Cobra insiste en la exención del pago de impuestos

La exención que reclama Cobra está basada en la sección 22(a) de la Ley Num. 83 de 1941, también conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, que establece que a la AEE no se le requerida pagar contribuciones estatales omunicipales, “o impuesto de cualquier tipo sobre ninguna de laspropiedades muebles e inmuebles adquiridas por ella o bajo supotestad, dominio, posesión o inspección, o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualquier empresa, o sobre los ingresos derivados de cualesquiera de sus empresas y actividades, o sobre su volumen de negocios”.

Cobra ha enfrentado sentencias adversas emitidas tanto por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones. Ante esto, Cobra solicita al Tribunal Supremo que interviniera mediante un recurso de apelación.

En su más reciente solicitud al Tribunal Supremo, Cobra entiende que la determinación en su contra, “es errónea, viciadapor un análisis incompleto de la ley, en el cual se excluyó laimplicación de la exención total de contribuciones contenida enla ley habilitadora de la AEE. Analizada esta ley en bajo el crisolde pronunciamientos previos de este ilustre Foro, es forzoso concluir que la intención legislativa exige que la exencióncontributiva en cuestión aplique a las obras de construcción querealizan las [la entidad exenta], independientemente de si lasencargaron a un contratista o si las propias [las entidades exentas] las realizaron”.