La Fortaleza destacó que consiguió bajar la duración del acuerdo de 15 a 7 años y que habría ahorros por $16,000 millones.

El gobierno anunció hoy que alcanzó ahorros “significativos” para la compra de gas natural licuado. Sin embargo, el acuerdo está sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.

De acuerdo con un comunicado enviado por La Fortaleza, el acuerdo establece unas “históricas protecciones” a los intereses del pueblo de Puerto Rico, incluyendo “marcados ahorros” y la eliminación de la cláusula de exclusividad en el uso de terminal de New Fortress Energy (NFE) en la bahía de San Juan. 

“Nuestra política pública se centra en acciones directas y transparentes a favor del pueblo de Puerto Rico. Con la protección de los intereses del pueblo como norte hoy anunciamos que luego de un proceso de negociación exhaustivo a se logró modificar sustancialmente el acuerdo con NFE el cual provee marcados ahorros al erario y mayores protecciones a la gente. De eso se trata, de lograr el mejor negocio para Puerto Rico”, dijo la gobernadora, Jenniffer González Colón.

El contrato original propuesto NFE, con fecha del 28 de junio de 2025, tenía una extensión de 15 años, con disposiciones de exclusividad, que representaban un costo estimado de $20.1 mil millones. 

Tras negociaciones por parte de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3), secretaría de la Gobernación y del 3PPO, el 12 de septiembre de 2025, se logró un nuevo borrador de acuerdo que reduce el costo estimado total a aproximadamente $4 mil millones, recorta la duración a siete años, con opción de tres años adicionales, elimina las cláusulas de exclusividad, logra, además, precios competitivos, ajusta las cantidades de compra mínima a niveles certificados por Genera Puerto Rico y validados por el equipo técnico de la 3PPO, e inserta un ‘Tolling Agreement’ que permite al gobierno la utilización del terminal de gas natural ubicado San Juan en caso de que NFE se vea impedido de suplir el combustible.

Según La Fortaleza, los logros del acuerdo negociado son:

· Reducción de costos: ahorro estimado de $16 mil millones frente al contrato original.

· Duración más flexible: de 15 años a 7 años, con una opción de 3 años adicionales.

· Precios más competitivos: rebaja en la fórmula del precio del gas natural para las unidades temporeras (se reduce el “Adder” de $10.29 a $7.95) y se mantiene la misma fórmula de precio acordada en el año 2019 para las unidades San Juan 5 y 6 (se mantiene el “Adder” en $6.50). En otras palabras, no se aumentó el precio en las Unidades 5 y 6, se quedó al precio más bajo del contrato previo firmado en el 2019, y se redujo en las temporeras el precio a $7.75.  

· Los precios acordados representan ahorros anuales estimados en exceso de $50 millones anuales, lo que se traduce en ahorros estimados en exceso de $350 millones por la duración del acuerdo.

· Volúmenes más conservadores y realistas de consumo: las cantidades contratadas anuales se reducen de 100M a 75M MMBtu, y el “Take or Pay” de 70M MMBtu a 40M MMBtu, alineadas a la demanda actual del servicio según certificado por los operadores del sistema.

· Eliminación de exclusividad: Puerto Rico mantiene flexibilidad para diversificar sus suplidores de gas natural. Si NFE falla por alguna razón, o sea no puede suplir el combustible, con el contrato recomendado ahora de septiembre, el terminal lo puede usar otro suplidor.

· Protección en caso de incumplimiento: NFE asumirá el 100% del costo de combustible alterno si no cumple con el suministro de gas natural.

· Acuerdo de ‘Tolling’ permite acceso a infraestructura a un costo de 50 centavos por MMBtu en caso de que NFE no puede entregar el gas natural, lo que compara con estos costos en terminales similares en la Nación.

Sin embargo, la eliminación de exclusividad y la protección en caso de incumplimiento solo se materializarían “si NFE falla”. Por otro lado, el gobierno sigue obligado a comprar el gas distribuido por NFE, lo necesite o no.

“Reconocemos que persisten retos asociados a la situación financiera de NFE, pero el nuevo marco contractual coloca a Puerto Rico en una mejor posición para balancear accesibilidad al gas natural, prudencia fiscal y seguridad energética, protegiendo a la vez los intereses del pueblo de Puerto Rico, lo que es el norte de la administración de nuestra gobernadora”, dijo el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.