El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, sostuvo que la titular de Familia deberá aclarar lo que calificeo como «aparentes contradicciones» surgidas sobre un proceso en el que, según afirmó, «solamente ella participó».

La Fortaleza dejó este domingo en manos de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, la responsabilidad de responder por los señalamientos que han trascendido públicamente sobre un proceso que se encuentra bajo investigación y sobre el cual el propio gobierno reconoce ahora que existen aparentes contradicciones.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, sostuvo durante la conferencia de prensa ‘Asunto Semanal’ que corresponde a Roig Fuertes ofrecer las explicaciones pertinentes, al señalar que fue ella quien participó directamente en el proceso objeto de controversia.

“Ella debe responder lo que ha trascendido en los medios y aparentemente hay unas contradicciones. Porque ella y únicamente ella fue parte de ese proceso”, expresó Peña Payano.

Las declaraciones colocan ahora sobre la propia funcionaria la responsabilidad de aclarar los cuestionamientos, mientras el Ejecutivo insiste en que las investigaciones deben continuar hasta que se esclarezcan los hechos.

“No hubo desembolsos de fondos públicos. Hay unas controversias de lo que se desprende en los medios respecto a parte de ese proceso. Es importante que, en aras de que se sepa la verdad, se terminen estas investigaciones”, manifestó.

Peña Payano reiteró que el gobierno favorece que se investigue lo ocurrido y que se aclaren las interrogantes surgidas públicamente.

La controversia que rodea a a Roig Fuertes, gira en torno a una propuesta de contratación de aproximadamente $38.5 millones en fondos federales con la empresa NOLA Education para implementar el programa educativo Star Academy.

La exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, denunció bajo juramento que recibió presiones de Roig Fuertes para firmar el contrato, pese a sus objeciones sobre el procedimiento. Medina Díaz también vinculó su destitución con su negativa a autorizar la contratación, mientras que la secretaria ha rechazado los señalamientos y sostiene que el contrato nunca llegó a formalizarse.

Las denuncias provocaron investigaciones legislativas y una pesquisa preliminar del Departamento de Justicia para determinar si hubo irregularidades en el proceso.

Entre los cuestionamientos figuran la experiencia de la empresa, el manejo de los fondos federales y las aparentes contradicciones en las explicaciones ofrecidas por la funcionaria. Aunque La Fortaleza ha insistido en que no hubo desembolsos de fondos públicos relacionados con el contrato, ahora sostiene que corresponde a Roig Fuertes responder por los señalamientos, al ser ella quien participó directamente en el proceso.

“Yo estoy de acuerdo que se tiene que saber la verdad y se tiene que investigar”, apuntó.