“¿A que la presidenta no autoriza a que los jueces hablen? La mayoría de los jueces -no estoy hablando del Supremo- apoya el proyecto”, afirmó el político.

El proyecto senatorial que propone una reestructuración de la Rama Judicial de Puerto Rico podría traer serios problemas administrativos, según la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, pero el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirma que sus planteamientos no tienen fundamentos.

Respondiendo hoy a preguntas de la prensa, Rivera Schatz expresó que “el problema administrativo que a ella le preocupa son los contratos con el tribunal de Caguas. El contrato que hicieron, que había jueces dueños de las propiedades y todo lo que el pueblo de Puerto Rico ha visto”. Rivera Schatz no abundo sobre su planteamiento.

“Entonces hablaba de puestos de confianza. Ningún puesto de confianza se atiende con el P del S 1096. Ninguno. Eso es falso. La Constitución dice -y el proyecto no va contra eso- que quien administra y quien designará al administrador de la Rama Judicial es la presidenta. No hay nada en contra de eso. Estamos diciendo que conforme a la sección 8 los demás cargos se atienden mediante ley y eso es trabajo de la Legislatura, no de la presidenta del Supremo”, indicó

“Y si la presidenta del Supremo está pretendiendo enviar un mensaje sobre el caso de LUMA, pues que lo haga”, manifestó en referencia a la demanda del gobierno contra LUMA Energy que deberá atender el Supremo sobre la validez y anulación del contrato de la red de distribución eléctrica.

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“Cuando yo estaba en minoría en el cuatrienio pasado, ella vino acá y yo presenté el proyecto para el aumento de sueldo, siendo yo senador de minoría. Cuando el Tribunal Supremo pidió el aumento de jueces en el 2010, lo dimos, igual que los populares en el 61 y en el 75. Y ahora resulta que los Supremos de antes tenían autoridad y el de ahora no”, manifestó.

“¿A que la presidenta no autoriza a que los jueces hablen? La mayoría de los jueces -no estoy hablando del Supremo- apoya el proyecto”, agregó el político. Aseguró, además, que quienes no lo apoyan es porque son de partidos políticos contrarios al Partido Nuevo Progresista.

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“Escuché que el amigo (Julio) Fontanet y cien abogados que dicen que es inconstitucional. Y recuerdo que antes de las elecciones pasadas, Gorrín Peralta, el presidente del Colegio de Abogados y un montón de abogados… los fenomenales… y por poco (les) desestiman un caso en el primer día porque tenían deficiencia en el escrito. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados”, indicó.

Hoy, jueves, se dio a conocer que un grupo de 102 profesores de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica solicitó a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el Proyecto del Senado 1096, al considerar que sus disposiciones podrían violar la Constitución y afectar la independencia y administración del Poder Judicial.

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