La medida propone centralizar decisiones administrativas en el pleno del Tribunal Supremo y genera objeciones constitucionales de las delegaciones de minoría.
Cámara de Representantes durante los trabajos del jueves. (Suministrada)
La Cámara de Representantes aprobó el jueves el Proyecto del Senado 1096, que propone una reestructuración de la Rama Judicial de Puerto Rico, incluida la eliminación de la categoría de jueces municipales y cambios en la administración de los tribunales.
La medida recibió 32 votos a favor y 15 en contra. La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, se unió a la mayoría en respaldo a la legislación, que ahora regresará al Senado para considerar las enmiendas técnicas introducidas por la Cámara.
El proyecto derogaría la Ley de la Judicatura de 2003 y establecería una estructura judicial compuesta por los 11 integrantes del Tribunal Supremo, un Tribunal de Apelaciones con 39 jueces y un Tribunal de Primera Instancia con 338 jueces superiores.
Uno de los cambios principales sería establecer un modelo de coadministración en el que el pleno del Tribunal Supremo tendría facultades para aprobar la reglamentación administrativa de la Rama Judicial, en conjunto con el juez presidente, bajo un esquema que modifica la distribución actual de poderes administrativos.
La propuesta ha generado reparos de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Su administrador, Sigfrido Steidel, advirtió durante una vista pública que el modelo reduciría sustancialmente la autoridad del juez presidente y lo convertiría en un ejecutor pasivo de las determinaciones del pleno.
En defensa de la medida, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, José “Che” Pérez Cordero, sostuvo que la intención es distribuir las facultades administrativas entre los integrantes del Tribunal Supremo. Según afirmó, el proyecto no elimina las facultades de la jueza presidenta para administrar la Rama Judicial.
El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, también defendió la propuesta al argumentar que la Asamblea Legislativa tiene autoridad constitucional para revisar el funcionamiento del Poder Judicial y que la Constitución dispone que las reglas del Tribunal Supremo sean aprobadas por el pleno y ejecutadas mediante la OAT.
Sin embargo, el portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago, advirtió que la legislación “trastoca constitucionalmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico”. La representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Gutiérrez Colón, también planteó objeciones constitucionales y alertó sobre posibles obstáculos al acceso a la justicia.
Las enmiendas aprobadas por la Cámara son de carácter técnico, por lo que el Senado deberá evaluar los cambios antes de que la medida pueda continuar su trámite legislativo.
La propuesta abre un debate sobre la estructura de los tribunales, la distribución de las facultades administrativas dentro del Poder Judicial y las posibles consecuencias de eliminar la categoría de jueces municipales.
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