Otra ley firmada por la gobernadora autoriza expresamente a los municipios a establecer programas de voluntariado.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el jueves cuatro medidas.

La Ley 207-2026 establece nuevos requisitos para el manejo de querellas relacionadas con el servicio eléctrico. La legislación obliga al operador del sistema de transmisión y distribución a mantener un mecanismo que permita a los abonados conocer el número de reclamación, la fecha de presentación, el tiempo estimado de respuesta y la fecha de cierre.

Además, dispone que la empresa confirme con el cliente si el problema fue resuelto antes de cerrar la querella. Si la situación persiste, deberá continuar el trámite sin exigir una nueva reclamación. La medida excluye mantenimientos programados, apagones masivos y relevos de carga. LUMA tendrá 180 días desde la vigencia de la ley para ajustar sus sistemas y procedimientos.

Por otra parte, la Ley 205-2026 autoriza expresamente a los municipios a establecer programas de voluntariado, sujetos a la aprobación de sus legislaturas municipales y a la disponibilidad de recursos fiscales.

Los municipios podrán reglamentar el reclutamiento, las responsabilidades y las protecciones de los voluntarios. También podrán acreditar las horas de servicio como experiencia para determinados procesos de empleo público. La legislación prohíbe sustituir trabajadores remunerados mediante estos programas.

Mientras, la Ley 206-2026 simplifica el procedimiento para habilitar a personas previamente inhabilitadas para ocupar puestos gubernamentales. La medida deroga la Ley 70 de 1963 y consolida las disposiciones aplicables dentro de la Ley 8-2017, que regula la administración de recursos humanos del Gobierno.

Finalmente, González Colón firmó la Resolución Conjunta 65-2026, que ordena a la Autoridad de Transporte Integrado diseñar e instalar un mosaico en la estación de Río Piedras del Tren Urbano en homenaje al fallecido baloncelista Johnny Báez Mariño, conocido como “El Indio de la Vía”.

La ATI tendrá 180 días para cumplir con la resolución, que permite gestionar donativos y acuerdos colaborativos para financiar el homenaje.