Mientras, Educación envió a la OGP y la Junta Fiscal la petición para que se aprueben los fondos para pagarle a los transportistas.

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, informó en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que ya se remitió la petición a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que la Junta Fiscal pueda evaluar los $8 millones que adeudan a los transportistas escolares.

Según el secretario del DE, hasta el momento han pagado $116 millones a estos contratistas y lo que adeuda son $8 millones que se dividen en $4 millones provenientes de facturas desde el 2021 hasta el 2024 y otros $4 millones por concepto del año fiscal 2025-2026.

De otra parte, Ramos Parés habló del plan de clasificación y retribución de los empleados no docentes de la agencia el cual podría alcanzar un costo de $59.4 millones anuales y que aún se encuentra en etapa de evaluación ante la Junta Fiscal.

Dentro de esta iniciativa, se busca que parte de los 11,811 empleados bajo esta clasificación – que desde el 1997 no se las concedido un aumento – reciban un ajuste que se asemeje al pago en el mercado privado, sin embargo, no se tomará en cuenta los años de servicio de cada empleado.

Ramos Parés estimó que “8,793 empleados equivalentes al 74%, podrían ser elegibles para ajustes salariales, mientras que 3,018, aproximadamente un 26% no generarían impacto económico bajo la propuesta, debido a que su salario actual excede el mínimo de la escala asignada a su clase”.

“Esta versión sería la quinta que se somete a la Junta”, comentó el secretario a preguntas de la representante Gretchen Hau y añadió que este plan de clasificación se ha estado discutiendo desde el mes de diciembre del 2024.

Luego de que este se apruebe, la OGP, tendrá que identificar los fondos para cubrir estos costos, los cuales deberán provenir de fondos recurrentes, según su director ejecutivo Orlando Rivera Berríos.

“El Departamento de Educación ha dependido de fondos federales cuya expiración pone presión sobre el Fondo General, ya que estos fondos son temporeros y su uso para gastos que continúan año tras año, crean la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento o ajustes por parte del DE”, expresó Rivera Berríos.

El funcionario indicó que “hemos evaluado varias partidas y alternativas, pero tienen que ser fondos recurrentes” para cubrir el salario y compensaciones a estos empleados, a quienes se les ajustó su remuneración a los que devengaban menos de $11 la hora. Algunos tenían una paga de tan baja como $8 la hora.

El presupuesto total certificado para el DE asciende a $4,065.996 millones, lo que representa una reducción de $1,139.098 millones, una merma equivalente a un 21.9% con respecto al año fiscal anterior, principalmente por la disminución de fondos federales.