El representante Denis Márquez Lebrón (PIP) solicitó a la Comisión de Derechos Civiles que investigue con urgencia los sistemas de vigilancia masiva en al menos 39 municipios

El representante del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP) Denis Márquez Lebrón envió el viernes una carta al presidente de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Andrés Córdova Phelps, en la que solicita que se investiguen “con urgencia los sistemas de vigilancia masiva implementados en Puerto Rico”.

Las cámaras de las compañías Flock y Axon han sido utilizadas en carriles y vías públicas, en controles de acceso, en cámaras corporales de agentes de la Policía y en sistemas de lectura automática de vehículos de motor, según explicó el legislador.

En la carta se menciona que el uso de las cámaras “Flock” ya ha sido implementado en el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía de Puerto Rico, 39 municipios y distintas compañías privadas.

“Los nuevos sistemas de vigilancia constituyen una grave amenaza a las libertades y derechos fundamentales de toda persona. También son incompatibles con los valores más básicos de toda sociedad libre y democrática. Esto se debe a que las herramientas usadas en los sistemas de vigilancia en Puerto Rico integran tecnologías e inteligencia artificial con la capacidad de capturar, almacenar y procesar imágenes y datos personales de distintas bases de datos interconectadas, con el propósito de identificar, monitorear y registrar el historial de ubicaciones de todas las personas, hayan cometido o no un delito», denunció en la carta el representante.

Algunos de los municipios con contratos para el uso de las cámaras Flock son Aguada, Aguadilla, Carolina, Cabo Rojo, San Juan, Bayamón, Humacao, Mayagüez y Añasco, según el representante de Flock en Puerto Rico, Alexis Torres.

Torres fue secretario del DSP del 2020 al 2024, durante el cuatrienio del gobernador Pedro Pierluisi.

El legislador alega que no existe evidencia que valide las ventajas y los beneficios de este tipo de cámaras y que, por el contrario, estas contribuyen a la discriminación.

“Por el contrario, en otras jurisdicciones, estudios demostraron que tienen un alto margen de error y que arrojaron una mayor proporción de falsos positivos de coincidencias en imágenes con rostros de personas de color, de edad avanzada, mujeres y niños. También se ha registrado el uso de estas tecnologías por policías para rastrear personas por motivos personales o políticos, convirtiéndolas en una herramienta de acecho y persecución”, explicó.

Según el representante, las cámaras violan la Cuarta Enmienda de la Constitución federal, que protege la expectativa de privacidad, ya que permiten mantener acceso al historial de movimientos de una persona. Especificó que la Constitución de Puerto Rico es más estricta en la protección contra riesgos a la intimidad, la integridad personal y la dignidad.

“El sistema de vigilancia masiva y contínua implementado por el Gobierno de Puerto Rico en coordinación con decenas de municipios y entidades privadas es ilegal e inconstitucional. Le permite al Estado acceder e identificar en tiempo real y continuo patrones de movimiento que revelan los aspectos más íntimos de la vida de las personas, tales como la iglesia o clínica de salud a la que acude, sus actividades políticas, con quién se relaciona, a qué hora entra y sale de su residencia”, denunció.

Al final de la carta, recordó el largo historial de vigilancia masiva en Puerto Rico, en referencia a la querella que presentó el PIP en la que denunció el “carpeteo cibernético” durante las protestas del 1 de mayo de 2017.

“Hemos llegado a un punto donde la intimidad, dignidad e integridad personal del ser humano se encuentran cada día en mayor riesgo de perderse o quedar intolerablemente violentadas. Esta nueva realidad hace más urgente y necesaria la pronta intervención de esta Comisión”, finalizó.