Para reclamar que se cumpla la ley que garantiza a los policías retirados un ingreso de retiro de al menos el cincuenta por ciento de su salario.

El presidente de la Asociación de Policías Unidos Luchando, Inc. Gabriel Hernández informó que, junto a oficiales retirados de la Policía de Puerto Rico, acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para reclamar que se cumpla la ley que garantiza a los policías retirados un ingreso de retiro de al menos el cincuenta por ciento de su salario.

“Los policías retirados no están pidiendo un favor. Están pidiendo que se cumpla la ley. La Legislatura fue clara y la aplicación de determinados criterios termina pagando menos y excluyendo a compañeros que dieron hasta treinta años de servicio. APUL no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos al tribunal a defender a cada policía retirado de Puerto Rico”, expresó Hernández, en declaraciones escritas.

Hernández enfatizó que la acción legal no responde a un interés de confrontación con la Junta de Retiro, sino a la necesidad de garantizar que los policías retirados reciban los beneficios establecidos por ley.

“Esto no es contra nadie. Es a favor de los policías retirados. Si se aclaran y corrigen las disposiciones que estamos cuestionando y se paga lo que corresponde, será beneficioso para todos. Pero mientras haya compañeros que hayan sido excluidos o que hayan recibido menos de lo que establece la ley, APUL va a defender sus derechos”, añadió.

La organización presentó una demanda contra la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, el Fideicomiso para el Retiro de la Policía, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al sostener que las disposiciones establecidas por la Junta mediante el Reglamento 9755 y la Carta Circular 2026-06 han tenido el efecto de excluir a policías retirados y reducir los beneficios que les corresponden.

Según APUL, la Asamblea Legislativa creó el Fideicomiso para el Retiro de la Policía con un propósito claro: garantizar un retiro justo y digno a quienes dedicaron décadas al servicio público y arriesgaron sus vidas para proteger a Puerto Rico. Sin embargo, la organización sostiene que la aplicación de determinados requisitos y criterios de cálculo ha tenido el efecto de reducir o excluir beneficios para algunos policías retirados.

Entre los afectados, APUL identifica a policías que se retiraron en o antes del 30 de junio de 2013, quienes, según la organización, fueron excluidos completamente de la distribución; retirados a quienes se les descontaron beneficios del Seguro Social que no reciben; *y otros a quienes se les consideraron cantidades relacionadas con el “Retiro Mejorado” del Plan 106 al momento de determinar el beneficio correspondiente del Fideicomiso.*

La organización también cuestiona que se hayan retenido fondos que, a su entender, la ley ordena distribuir y que se haya requerido a los policías retirados completar solicitudes y presentar documentos adicionales bajo la amenaza de perder el beneficio.

El efecto, según APUL, fue que numerosos policías retirados no recibieron pago alguno o recibieron una cantidad menor a la que les corresponde en la distribución efectuada el 30 de junio de 2026.

En la demanda, APUL solicita al Tribunal que declare nulas las disposiciones que considera ilegales del Reglamento 9755 y de la Carta Circular 2026-06. Además, pide que se ordene recalcular y pagar correctamente la distribución correspondiente al 30 de junio de 2026 y que las futuras distribuciones se realicen conforme a la ley, con criterios claros y sin exclusiones, descuentos o requisitos que no estén autorizados por esta.