Mientras el Tribunal Supremo evalúa si anula el contrato de LUMA, jubilados de la AEE, varios con discapacidades por accidentes de trabajo, insisten en que la solución real es devolver el sistema a manos públicas, no repetir el mismo modelo con otra empresa privada.

Cuando Alberto García Santos comenzó a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo hizo como soldador de tuberías de alta presión. Su trabajo era en las calderas, un área confinada y llena de humo por las soldaduras que realizaba y allí laboró por 30 años.

Especificó que empezó el 8 de enero de 1975 y que no contaba con equipo de seguridad.

«Nosotros teníamos que comprar los uniformes, las botas, teníamos que pagarlo porque la AEE no suplía eso ni tampoco equipo de seguridad para proteger nuestros cuerpos, nuestros pulmones», explicó García Santos, quien cargaba ayer con su máquina de oxígeno en medio de la rutinaria manifestación que realiza la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE).

La expresión pública de ayer fue una más de las que la AJAEE realiza semanalmente desde hace seis años, sin embargo convocaron la prensa para reaccionar a los argumentos legales que el Gobierno presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso que busca anular el contrato de LUMA Energy, radicado en diciembre de 2025 por la AEE, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y la propia gobernadora Jenniffer González Colón.

A consecuencia de no utilizar los equipos por 14 años, ahora sufre de fibrosis pulmonar, una condición terminal que no tiene cura.

«Yo llevo nueve años con la condición. Se supone, según los médicos, que la duración de uno después de diagnosticado es unos seis años», explicó a NotiCel.

Por otro lado, José Antonio Sánchez, quien comenzó a trabajar en 1974 en la AEE, se desempeñaba en mantenimiento y como asistente de soldador. No precisó la fecha del accidente, pero indicó que ocurrió cerca de su retiro. Relató a NotiCel que, en un turno de noche, estaba llenando su carretilla con algo que llamaban «mezcla boba», que incluía mucha agua. Cuando terminó de llenarla, procedió a irse, pero se resbaló y su pierna cayó sobre una tubería de agua hirviendo.

Añadió que fue su compañero Ricardo Santos quien se encargó de llevarlo al Hospital Industrial. Santos luego presidiría la Utier.

Así como Alberto y José, en las manifestaciones de los miércoles hay otros jubilados, algunos con amputaciones, otros con bastón y otros con distintas discapacidades provocadas por lesiones en su trabajo.

Según explicó el presidente de la AJAEE, Johnny Rodríguez Ortiz, desde abril del año pasado entregaron una propuesta a la gobernadora para «rescatar» su sistema de retiro. Añadió que el Gobierno les atribuyó el aumento de la luz, argumentando que era para pagar las pensiones.

«Se puso en vigor una tarifa temporera porque la autoridad botó nuestro dinero, el dinero del sistema de retiro, para pagar las pensiones», exclamó.

Explicó que, a diferencia del contrato de Power Expectations, la firma envuelta en el escándalo del contrato cancelado de $5,887 millones con la AEE, el Gobierno tiene la obligación de pagar el retiro de estos empleados.

«Esa es la cantidad ($4,000 millones) que la Autoridad tiene la obligación de buscar. Ellos son los patrocinadores del sistema de retiro y el reglamento nuestro establece que si no hubiera dinero para pagar las pensiones, como es el caso ahora, la Autoridad se encargará totalmente de conseguirlo», explicó Rodríguez Ortiz a NotiCel.

El origen del problema

La AEE dejó de hacer aportaciones patronales al Sistema de Retiro de sus empleados desde 2014, el mismo año en que dejó de pagarle la deuda a los bonistas. Eso dejó al sistema de pensiones sin fondos propios y generó, según la propia corporación, una deuda de $4,000 millones, además de una necesidad de $25 millones mensuales para pagarle a 12,500 jubilados.

A esto se le suman las demandas que los bonistas llevan litigando desde hace casi una década para cobrar la deuda que, según sus propios cálculos, la corporación debe pagarles en su totalidad: unos $8,500 millones.

Algunos de estos fondos, conocidos popularmente como «buitre» son BlackRock, Franklin Advisers, GoldenTree, Invesco, Nuveen, Taconic y Whitebox, que, según la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, tienen invertido en conjunto un total de $4,366 millones.

Tanto las pensiones de los jubilados como la deuda de los bonistas dependen de lo que finalmente establezca el Plan de Ajuste de Deuda de la AEE, el acuerdo que debe aprobar la corte federal para que la corporación salga de la quiebra bajo el Título III de PROMESA.

Ese plan es precisamente lo que sigue sin resolverse. La oferta más reciente de la Junta de Supervisión Fiscal, de $3,000 millones, fue rechazada, y las negociaciones están estancadas desde agosto de 2026.

Ante la falta de fondos para pagarle a los jubilados, la entonces directora ejecutiva de la AEE, Mary Zapata, respondió proponiendo un cargo adicional en la factura de luz que cobra LUMA, de 1.92 centavos por kilovatio-hora, destinado específicamente a cubrir el pago de las pensiones.

Proponen volver al servicio público

En la manifestación de ayer, los jubilados recalcaron que se debería devolver la energía eléctrica a manos públicas. El presidente de la AJAEE aseguró que la mejor opción es «cancelar el contrato y traer a nuestra gente nuevamente a encargarse del sistema eléctrico».

«La gobernadora tiene problemas con sus posiciones ambivalentes respecto al futuro del servicio de electricidad en este país, porque una cosa es haberse ido al tribunal a sacar a LUMA, como prometió en la campaña, y otra cosa hubiese sido cancelar ese contrato y traer a nuestra gente nuevamente a encargarse del sistema eléctrico y restituirlo, acabando con una serie de problemas que de inmediato, con la llegada de esos compañeros, se hubiesen resuelto. Esa es la realidad que tenemos: la gobernadora sigue contradiciéndose, sigue insistiendo en sacar…», declaró Rodríguez Ortiz.

Por otro lado, añadió que le presentaron una encuesta sobre cuántas personas en su plaza estarían dispuestas a volver a trabajar si la agencia regresa al Gobierno.

«Incluía jubilados, los que renunciaron y los no movilizados», contó Rodríguez Ortiz.

Luego de no recibir respuesta de la gobernadora durante un año, ella aseguró el martes, en una conferencia de prensa en el Hospital Centro Médico, que la transmisión y distribución de energía permanecerá en manos privadas si logran sacar a LUMA.

«Entendemos que hay opciones de operadores privados para manejar el asunto de energía eléctrica, específicamente la parte de transmisión y distribución. Los alegatos que se presentaron en el tribunal van hacia esa dirección», explicó González Colón.

El Tribunal Supremo le dio a las partes 30 días para presentar sus argumentos sobre la cancelación del contrato de LUMA. Mientras esa decisión se toma en San Juan, García Santos seguirá cargando su tanque de oxígeno cada miércoles hasta Hato Rey, sin certeza de si el sistema al que le dedicó 30 años de su vida, y buena parte de su salud, logrará pagarle lo que el y otros jubilados dice que se ganaron.