La AEE también expresó reservas por entender que se debe esperar por una reforma contributiva.

Los municipios, tanto a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) como de la Federación de Alcaldes, se opusieron al Proyecto del Senado 273, que establecería una exención contributiva aplicable a los equipos y máquinas de generación de energía eléctrica en propiedades de uso residencial, comercial e industrial.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también se opuso por entender que la posibilidad de una exención de ese tipo debe considerarse dentro de una reforma contributiva más amplia. Mientras que LUMA Energy, operador privado de la red eléctrica, no se opuso al proyecto.

La medida tuvo vista pública el viernes ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes.

El director ejecutivo del CRIM, Javier García Cintrón, resaltó que el proyecto “tiene un impacto directo en los recaudos municipales” que, según un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), serían $12 millones para el 2030.

“La contribución sobre la propiedad constituye una de las principales fuentes de ingresos de los municipios, y cualquier reducción de la base contributiva debe evaluarse con sumo cuidado, particularmente cuando la medida no identifica una fuente de sustitución, ni mecanismo de reembolso que compense la pérdida de ingresos”, añadió.

García Cintrón recomendó enmiendas al proyecto, para que este tipo de exención sea aplicada a los equipos para producir energía en las residencias principales, que ya poseen exención contributiva, y que en la actualidad paguen, así como las utilizadas en propiedades destinadas exclusivamente al cuidado de adultos mayores y que tienen licencia vigente del Departamento de la Familia.

Por su parte, la federación señaló mediante su asesor legal, Ricardo Rolón, que “una política pública bien intencionada también debe ser fiscalmente responsable, particularmente cuando sus consecuencias recaen directamente sobre los ingresos de los gobiernos municipales”. Entonces sugirió que se le refiera al propio CRIM la preparación de un estudio de impacto fiscal que incluya el valor de la propiedad que quedaría exenta, la pérdida estimada de recaudos, su distribución entre los municipios y cualquier efecto que la medida pudiera tener sobre la estructura fiscal municipal”.

Fernando Osorio Caño, director de operaciones de la AEE, sostuvo que, aunque la corporación reconoce que el proyecto “constituye un paso importante hacia el fortalecimiento de la resiliencia energética del país, al incentivar la adquisición de equipos de generación o almacenamiento de energía eléctrica, la medida resulta incompatible y contraria a la reforma contributiva impulsada por la Rama Ejecutiva”.

Al favorecer la medida, el vicepresidente de Asuntos de Gobierno y Política Pública de LUMA Energy, Michael Juarbe Laffitte, expuso que su postura es “considerando el estado actual del sistema eléctrico y la importancia de contar con una alternativa durante una situación de emergencia”.