Osvaldo Carlo, negociador del gobierno, disputó la “jurisdicción” de la Junta Fiscal para evaluar el contrato y los urgió a no cancelarlo, aún con las dudas sobre la empresa.

La Junta de Control Fiscal (JCF) levantó cuestionamientos sobre la entidad que el gobierno tiene contratada para hacer las negociaciones y recomendar adjudicaciones de contratos de energía, señalando que no divulgaron a tiempo los problemas con el contrato de generación temporera, que se quejaron de que el ente fiscal se metiera a revisar su trabajo y que, aún después de los cuestionamientos sobre el contrato, advirtieron a la Junta que no lo cancelara.

Los señalamientos de la JCF están en la notificación que enviaron el lunes en la noche para ordenar la cancelación del contrato pactado con el consorcio compuesto por Power Expectations, LLC (PE); Enchanted Rock, LLC (ER); y Reyes Contractor, LLC (RC). La cancelación ocurrió después de que Enchanted Rock, el miembro sin el cual el consorcio no se hubiera llevado el contrato, notificó que su participación y firma en el acuerdo no estaban autorizadas y de que se supiera que se le había permitido a PE sustituirla con otra empresa sin obtener la autorización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El consorcio tampoco había demostrado cumplimiento con las métricas del contrato otorgado el 10 de junio pasado.

Los objetivos de los dardos de la Junta en su carta son principalmente la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y su Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en inglés). 3PPO es el término genérico para una división de la AAPP que se creó en la Administración Pierluisi Urrutia para supuestamente salvaguardar los conflictos de interés que surgirían cuando a las matrices y afiliadas de los operadores privados del sistema eléctrico, LUMA y Genera PR, se les reconoció derecho a optar por hacer negocios supliendo a esa misma red. El contrato para ejercer las funciones de 3PPO se adjudicó en 2023 a la empresa Regulatory Compliance Services, Corp. (Recoms). En 2025 y 2026 se les adjudicó un contrato separado para asesorar a la AAPP en otras alianzas que no estuvieran relacionadas con energía.

Ni el director ejecutivo de la AAPP, y Zar de Energía, Josué Colón Ortiz, ni el presidente de Recoms, Osvaldo Carlo Linares, contestaron preguntas para esta nota sobre la carta de la Junta. Los señalamientos contra estos son similares a los que la Junta hizo el año pasado sobre la negociación del contrato de suplido de gas con New Fortress Energy (NFE), el cual el ente fiscal rechazó en varias ocasiones hasta que se llegó a la versión actual, que fue aprobada por necesidad del combustible y no porque se hubieran atendido todas las preocupaciones.

Una de las divulgaciones del documento del lunes es que Recoms tenía un informe desde agosto de 2025 que les advertía que PE había sido comparada con la empresa Whitefish, protagonista de un contrato escandaloso tras el paso del huracán María. Ambas, PE y Whitefish, coinciden en ser “empresas de tamaño pequeño con conexiones políticas”.

En la misiva, la JCF hace una declaración de hechos y expone una cronología en la que presentan a AAPP y a su 3PPO manejando entre ellos, sin darle cuenta ni siquiera a la AEE, los problemas que tenía el consorcio de PE y entrando en contradicciones. Esto, aún cuando el consorcio mostró problemas desde que el año pasado aparecieron para licitar por un contrato de generación temporera con valor de casi $6,000 millones. El contrato requiere tener la capacidad de movilizar turbinas para producir entre 700 y 850 megavatios con los que suplementar las fallas de generación en la red por 10 años. Para comparación, cinco de las plantas que operan actualmente no tienen tanta capacidad de generación.

Desde agosto del año pasado, el análisis de Recoms que la propuesta de PE no demostraba capacidad financiera suficiente para llevar a cabo la tarea. Tampoco la experiencia para la magnitud de la obra. Por eso, Recoms había determinado que ER era el miembro del consorcio que suplía esas carencias.

A lo largo de las negociaciones, Recoms consignaba que ER estaba fuera del consorcio, pero condicionaron la adjudicación del contrato a que fuera incluido. La propuesta de PE fue la que menos puntuación obtuvo en el proceso de evaluación, pero la empresa ha sostenido en declaraciones escritas que fueron los únicos proponentes dispuestos a aceptar la condición de instalar los equipos sin garantía de cuánto el gobierno los iba a usar y, por ende, cuánto ellos iban a cobrar. Esa capacidad la suplía ER, no PE. De hecho, la fianza de licitación para el contrato de casi $6,000 millones se fijó en solo $300,000 sin que todavía se conozca quién autorizó esa fianza baja.

El 29 de mayo de 2026, la Junta recibió la versión final del contrato que incluía a ER como uno de los miembros del consorcio firmante y el 2 de junio aprobó la misma. El 10 de junio se firmó, el 12 de junio se cambió a ER por la empresa Flotek Industries LLC, para lo cual no se obtuvo consentimiento de la AEE hasta el 31 de julio. Ese consentimiento se obtuvo sin informarle a su directora ejecutiva, Mary Carmen Zapata Acosta, del reclamo de potencial conducta ilegal que hizo ER por haberlos incluido en el consorcio sin su autorización. A pesar de esta falta de divulgación, la AAPP y Recoms le recomendaron a la AEE que autorizara la entrada de Flotek al contrato ya firmado. La carta de la JCF no solo resalta las dudas de ese trámite con la AEE, sino que tampoco se consultó la sustitución con ellos como evaluadores del contrato y que no hay prueba de qué proceso de verificación de las credenciales y capacidad de Flotek se hizo.

Por un requerimiento de información, Recoms indicó por primera vez a la JCF el 5 de agosto sobre la sustitución de Flotek, que el consorcio no ha suplido todavía la fianza de $1,180 millones, que no se habían cumplido con métricas del contrato ni se había registrado progreso en los trabajos, y que el consorcio había pedido extensión de la fecha en que debían estar instalados y operables los equipos, aunque esto se le había denegado. En otra comunicación del 9 de agosto, el encargado del 3PPO por primera vez le divulga a la JCF sobre las reclamaciones de ER y concede que llevaba 52 días atendiendo eso sin darles cuenta. Pero también les urgió a “sopesar las consecuencias prácticas que la revocación del contrato tendría en la emergencia energética de Puerto Rico”. También, pidió que se confiara en las representaciones del consorcio y aseguró al ente que las primeras unidades de generación bajo el contrato “ya estaban en tránsito a Puerto Rico”.

En la misma fecha, Colón Ortiz le pidió a la Junta que, aunque haya una investigación pendiente, “el gobierno debe continuar protegiendo el interés público mediante poner en vigor el contrato, monitorear la implementación del proyecto y perseguir el objetivo urgente para el que se llevó a cabo la contratación”.

La JCF calificó como una “inconsistencia” que se continuara con el empuje a favor del contrato con el consorcio, llegando hasta las cartas del 9 de agosto, aún con las alegaciones de conducta sospechosa y a pesar de que las mismas estaban referidas para investigación. Objetó también que Carlo Linares hubiera cuestionado su capacidad y “jurisdicción” para entrar a revisar el proceso de negociación y el desarrollo de los contratos. Sobre esto, le pidió al contratista que pusiera por escrito si esa postura en contra de la interveción de la Junta era suya o había sido sugerida por algún tercero, así como que identificara a los terceros que hubieran sugerido esto o que hayan revisado la carta en la que él levanto reparos a esa intervención. Pidió también divulgación completa de los cabilderos que participaron en la negociación.

“La emergencia (energética) fue declarada hace 17 meses y, a la fecha, aún 68 días calendario después de la firma del contrato, no se ha reportado progreso. Basado en los hechos, es altamente improbable que (el consorcio) pueda cumplir con los términos del contrato”, ripostó el ente para asegurar que, en efecto, había “sopesado” los efectos de la cancelación.

Para atender la emergencia, la JCF sugirió: reparaciones inmediatas en San Juan y Palo Seco que pueden añadir 200 MV; instalación acelerada de las unidades de emergencia y de baterías que tiene a cargo Genera PR y que suman 430 MV; hacer que AES inyecte 485 MV adicionales para fin de este año; y un “proceso de compra nuevo y expedito”.

“Es hora de que la AAPP y la AEE se muevan tanto competentemente como rápidamente”, acotaron.

En una conferencia, el portavoz de la Fortaleza, Jean Peña Payano, no dijo qué específicamente hará el gobierno para atender la capacidad de generación que se supone entrara a la red con el contrato cancelado.

“Estaremos pendientes a cómo continúa ese proceso de cancelación, qué fue lo que ocurrió porque hacen falta buenas respuestas y, sobre todo, que tengan la tranquilidad el pueblo de Puerto Rico y futuros inversionistas de que no se repita”, dijo.