La mandataria impartió su poder constitucional con dos vetos de línea a partidas señaladas por la Junta.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció anoche la utilización de su facultad constitucional de veto de línea para distribuir los ahorros al presupuesto del Año Fiscal 2025-2026 y mantener un presupuesto balanceado, en armonía con los requisitos establecidos bajo la Ley Promesa.

Según González Colón, el presupuesto tiene un superávit histórico de $635 millones.

Anoche, durante el último día de la aprobación de medidas de la Asamblea Legislativa, la mandataria publicó un mensaje en sus redes junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Orlando Rivera, para firmar la distribución de fondos de ese superávit, que se hace por medio de una resolución conjunta, y aclarar información contradictoria por parte de la Junta. 

La gobernadora había enviado a la Asamblea Legislativa una enmienda para redistribuir los ahorros logrados en el presupuesto vigente (AF 2025-2026).

Con esa enmienda al presupuesto vigente, la gobernadora destinaría los fondos a pagar la deuda en la carrera magisterial que por años no se habían pagado que sumaba $90 millones; $5 millones a SER de Puerto Rico, dinero para el fondo general, pagos de otras deudas como para educación especial entre otros.

Anoche la Junta emitió una carta en donde decía que la Asamblea Legislativa no se ponía de acuerdo con La Fortaleza sobre esas enmiendas. En el mensaje, la gobernadora presentó la legislación aprobada por ambos cuerpos y ya enviada a su oficina.

Además, en la carta se señalaron partidas que según la Junta eran incompatibles con tener un presupuesto balanceado, sin embargo, a la mandataria cuestionarle estas alegaciones contenidas en la carta al director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, este le indicó que esas partidas no afectaban el presupuesto y que el vigente para el año fiscal 2026 sí estaba balanceado.

Con el fin de atender los señalamientos de la Junta y despejar cualquier duda de que estas enmiendas al presupuesto vigente podían afectar su certificación como balanceado, la mandataria impartió su poder constitucional con dos vetos de línea a partidas señaladas por la Junta; estas fueron la asignación de $35 millones que irían a las mejoras de carreteras alrededor de la isla y los fondos destinados a la celebración de la Regata y otros eventos con relación a los 250 años de la fundación de los Estados Unidos que se redujeron de $3 millones a $1 millón. 

“No voy a permitir que nada ponga en riesgo el trabajo que hemos hecho para balancear el presupuesto de Puerto Rico por enmiendas y mucho menos cuando logramos un superávit de $635 millones”, dijo González Colón quien inmediatamente impartió su firma a la medida cumpliendo con el término constitucional que tiene el Gobierno de Puerto Rico, 30 de junio, para que pueda entra en vigor las enmiendas al presupuesto vigente y usar las economías. 

Con su firma, la Resolución Conjunta de la Cámara 374 se convierta en la Resolución Conjunta 37-2026.  La medida firmada contiene además otras medidas para prevenir el aumento al costo del café; $80 millones para pagar el reclamo de horas extras de la Policía, $90 millones para la carrera magisterial; $5 millones a SER de Puerto Rico; entre otros. 

González Colón sostuvo que su administración “continuará tomando las decisiones necesarias para proteger la estabilidad fiscal del Gobierno, preservar los servicios esenciales a la ciudadanía y adelantar los esfuerzos encaminados a que Puerto Rico logre eventualmente su salida de la supervisión fiscal colonial impuesta bajo Promesa”.