Un comité de trabajo presentó unas propuestas para una eliminación gradual.

Las recomendaciones sometidas un comité asignado para atender el impuesto al inventario continúan bajo evaluación a pesar de que tanto los alcaldes como el sector privado reclaman que el tema sea atendido con urgencia.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, encabezó un grupo de trabajo, creado en diciembre del año pasado, con unas encomiendas delineadas por la gobernadora Jenniffer González Colón para que identifiquen alternativas viables para la eventual eliminación de un impuesto que se aplica al valor de los bienes que las empresas mantienen en inventario. El gravamen representa ingresos que rondan entre $250 y $300 millones anuales que son repartidos entre los municipios.

“Se hizo toda la propuesta, se entregó. Hay una recomendación final”, dijo Rivera ayer durante una entrevista radial. “Hay una posibilidad de que pueda darse una eliminación escalonada”.

Sin embargo, la funcionaria no expuso las fuentes alternas de recaudar los fondos para los municipios requieren para seguir operando.

“No las puedo dar porque tienen que ser evaluadas por la Junta de Control Fiscal y no voy a entrar en los detalles. Es una recomendación viable”, afirmó.

Mientras tanto, Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza sostuvo que las propuestas están en las manos de la gobernadora.

Sin embargo, el tema no se discutió en esta sesión ordinaria que finaliza hoy a pesar de que fue motivo de una agria disputa entre la Legislatura y González Colón el año pasado cuando vetó una medida que eliminaba el impuesto, aunque sin identificar un sustituto.

“Las iniciativas para atender el impuesto al inventario se atenderán. La secretaria de Estado ya preparó su informe y lo comunicó. La gobernadora evaluará las propuestas de la secretaria de Estado quien lideró esfuerzos con el sector privado, los alcaldes y las demás entidades pertinentes para hacer un anuncio”, destacó.

La congelación del impuesto al inventario por cinco años fue una promesa que hizo González Colón durante la campaña para las elecciones del 2024. Por el momento, las discusiones sobre una posible medida quedarán pendientes hasta la próxima sesión legislativa que iniciará en agosto.