El Senado aprobó con enmiendas anoche un presupuesto que asigna $13,180,532,000 con cargo al Fondo General para cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias de la Rama Ejecutiva, así como de los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa, durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2027.

Entre las principales partidas en la Resolución Conjunta de la Cámara 356 figuran $2,981 millones para el Departamento de Educación. Esta partida incluye fondos para nómina y costos relacionados, transportación escolar, servicios profesionales, terapias y servicios relacionados para estudiantes, así como recursos dirigidos a educación especial, asistencia tecnológica, programas comunitarios, becas estudiantiles y otros gastos operacionales del sistema público de enseñanza.

En el área de Salud, la medida consigna $1,815.2 millones para atender programas y agencias vinculadas a los servicios de salud pública. Entre estas asignaciones se incluyen $1,030,310,000 para la Administración de Seguros de Salud, $514,267,000 para el Departamento de Salud, $102,667,000 para la Administración de Servicios Médicos y $150,007,000 para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

La pieza también asigna $1,227 millones para el renglón de Seguridad Pública. De esta cantidad, $1,071,105,000 corresponden a la Policía, incluyendo fondos para nómina, horas extra, reclutamiento de cadetes, servicios públicos, materiales, equipo y $20 millones para gastos relacionados con la reforma de la Policía y los procesos de reingeniería. Además, se incluyen asignaciones para el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Negociado de Investigaciones Especiales.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tiene una asignación recomendada de $55,436,000 millones lo que representa una reducción de $12,056,000 millones en comparación con el año fiscal anterior.

Asimismo, contempla $560,898,000 millones para la Universidad de Puerto Rico, como parte de las asignaciones dirigidas a la educación superior pública. También incluye $12,301,000 millones para otras instituciones universitarias, entre ellas la Escuela de Artes Plásticas y la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Aparte del presupuesto, el Senado aprobó otras medidas de la Cámara.

El Proyecto de la Cámara 822 reorganiza la estructura de la Compañía de Turismo al volverla a convertir en una corporación pública con personalidad jurídica propia, otorgándole mayor autonomía administrativa y operacional. La medida crea una Junta de Directores, establece las facultades del director ejecutivo y redefine las funciones de la entidad con el propósito de agilizar la toma de decisiones, promover la inversión, impulsar el turismo interno y fortalecer áreas como el acceso aéreo y marítimo, el ecoturismo, el turismo deportivo y la promoción de nuevos productos turísticos.

También, el Proyecto de la Cámara 1304 que deroga la Ley 12-2008 con el propósito de eliminar el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Además, establecer la “Ley para Promover la Seguridad en las Instalaciones Portuarias de Puerto Rico”, para promulgar la política pública sobre la seguridad en todas nuestras instalaciones portuarias, la cual se ejecutará en coordinación con el gobierno federal para evitar la imposición de cargos o estructuras regulatorias innecesarias que encarezcan el comercio y afecten al consumidor.

Recibieron aval otra serie de proyectos en beneficio de los municipios.

El Proyecto de la Cámara 1121, peticionado por la Federación de Alcaldes, busca aclarar el alcance de la llamada veda electoral para permitir que el Gobierno, sus ramas y los municipios continúen informando a la ciudadanía sobre servicios, emergencias, obras y gestiones oficiales, siempre que no se utilicen fondos públicos con fines político-partidistas. También establece excepciones específicas para ciertos anuncios, rótulos, redes sociales, materiales institucionales y actividades recurrentes; entre otras disposiciones.

La Resolución Conjunta del Senado 98, otra petición de los alcaldes novoprogresistas, autoriza la distribución de los $2,469,658.20 millones provenientes del balance disponible, para los periodos del 2020 al 2025, de los fondos por concepto de las Patentes de Telecomunicaciones, según establecido y certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Igualmente, la Resolución Conjunta del Senado 195 asigna $4,728,265.90 millones equivalentes al 50% del balance certificado por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico proveniente de los ingresos generados por las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. Esto para ser distribuidos entre varios municipios con el fin de fortalecer sus operaciones y la prestación de servicios esenciales.

El Proyecto de la Cámara 1299 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para otorgar a los municipios prioridad en la adquisición de propiedades inmuebles rematadas por deudas contributivas. La medida dispone que el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) deberá notificar primero al municipio donde ubica la propiedad, el cual contará con un término de 30 días para expresar su interés en adquirirla por ser útil para fines municipales.

El Proyecto de la Cámara 1316 propone crear un mecanismo especial para facilitar la inscripción en el Registro de la Propiedad de solares municipales ubicados en los centros urbanos, eliminando el requisito de lotificación previa ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cuando estos terrenos se encuentren dentro del Plan de Ordenación Territorial aprobado.

El Proyecto de la Cámara 1246, pedido por los alcaldes novoprogresistas también, enmienda la “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), a los fines de integrar a los municipios dentro del marco de gobernanza tecnológica establecido por dicha entidad, con el propósito de armonizar el uso de la tecnología y los sistemas de información municipales.

El Proyecto del Senado 782, también pedido por la Federación, aclara que los comisionados de la Policía Municipal serán considerados funcionarios del orden público para todos los efectos legales e incorpora el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado dentro del sistema uniforme de rangos. También reduce de cuatro a dos años el tiempo mínimo requerido para que determinados agentes puedan ser considerados para ascensos a rangos superiores, extiende de dos a tres años el período de servicio requerido antes de solicitar traslados a otros municipios o a la Policía Estatal y dispone mecanismos de reembolso por los costos de adiestramiento cuando ocurra un traslado dentro de ese término.