Facturaron productos representados como medicamentos obtenidos mediante fuentes adecuadas, aunque su procedencia no podía ser verificada.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow hizo el anuncio de los acuerdos con los respectivos dueños de las farmacias.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó que cuatro farmacias en Puerto Rico y sus respectivos dueños acordaron pagar $4.6 millones para resolver señalamientos de fraude a Medicare y Medicaid por facturación de medicamentos desviados.
Los acuerdos responden a reclamaciones federales entre enero de 2021 y enero de 2024 sobre recetas vendidas a pacientes sin que conocieran el origen de los medicamentos.
Según las autoridades federales, las farmacias facturaron productos representados como medicamentos obtenidos mediante fuentes adecuadas, aunque su procedencia no podía ser verificada.
Entre febrero y mayo de 2026, el gobierno federal recuperó más de $4.1 millones como parte de los acuerdos alcanzados.
El pago mayor corresponde a Farmacia Santa Olaya, de Bayamón, propiedad de Jaime Figueroa, que acordó y pagó $2 millones.
En Bayamón, Farmacia Monte Verde, propiedad de María Rivera y Valerie Cintrón, acordó y pagó $1 millón.
Por la misma cantidad, Farmacia La Rampla, de Yabucoa, propiedad de Edwin Gómez, también completó el pago de $1 millón.
Farmacia Unity, de Aibonito, propiedad de Raúl Morera y Enid Rivera, acordó pagar $600,000, de los cuales las autoridades han cobrado $165,000.
Autoridades federales advirtieron que los medicamentos desviados pueden comprometer la seguridad de pacientes y la integridad de los programas federales de salud.
Esos programas requieren que los medicamentos provengan de distribuidores aprobados. Según las autoridades, productos desviados pueden haber sido almacenados o manejados de forma inadecuada, lo que podría afectar su seguridad y efectividad.
Los casos fueron investigados por la Fiscalía federal en Puerto Rico, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal y la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración federal de Alimentos y Medicamentos.
El fiscal federal auxiliar Rafael López Rivera investigó y procesó los casos.
Las reclamaciones resueltas mediante los acuerdos son señalamientos únicamente y no hubo determinación de responsabilidad.
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