La preocupación sobre la concentración de poder y el alcance del PS 1183 ya ha surgido en vistas senatoriales.

Más de 60 organizaciones ambientales y comunitarias solicitaron a la Cámara y el Senado extender las vistas públicas y tener mayor tiempo de análisis antes de que consideren una reforma de permisos que enmienda decenas de leyes y transforma áreas clave de la planificación territorial en Puerto Rico.

Mediante una carta entregada en la Cámara de Representantes y el Senado, las organizaciones advirtieron que el llamado “Código de Planificación y Permisos” no se limita a atender las dilaciones en la otorgación de permisos para pequeños negocios o PYMES, sino que contiene cambios de gran alcance sobre clasificación de suelos, uso de terrenos, operación de negocios, zonas marítimo-terrestres, reservas naturales, lugares arqueológicos e históricos, facultades municipales y la reorganización de agencias.

“El país no puede enterarse después de que le cambiaron las reglas del territorio, las costas, los permisos y las comunidades. Un proyecto de 819 páginas no se puede aprobar como si fuera una enmienda menor. Estamos hablando de una medida que altera la planificación del país y que puede afectar vecindarios, municipios, recursos naturales y bienes públicos”, expresó Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club de Puerto Rico.

Vázquez explicó que, el PC 1213 contiene 819 páginas; enmienda y deroga decenas de leyes; elimina agencias; altera facultades de otras; resta poderes a los municipios; y concentra autoridad en una sola agencia. El Senado también ha reconocido públicamente que el PS 1183 plantea un nuevo marco legal y administrativo para permisos, planificación, ambiente, zonas históricas, recursos arqueológicos, reglamentos y procesos de revisión administrativa y judicial.

“Estos proyectos se ha presentado ante el país como una solución a la lentitud de los permisos, pero su contenido va mucho más lejos. Aquí se están redefiniendo estructuras de poder, procesos de participación, protecciones ambientales y facultades municipales. Eso exige tiempo, transparencia y vistas públicas en todo Puerto Rico, no una discusión limitada en el Capitolio”, añadió Vázquez Torres.

Las organizaciones solicitaron a la Asamblea Legislatica cuatro acciones concretas: extender el término de evaluación del PC 1213 y PS 1183; realizar una campaña educativa por radio, televisión, redes sociales y prensa escrita; celebrar vistas públicas adicionales; y llevar vistas presenciales y virtuales a otros municipios, considerando el impacto directo que la medida tendría fuera de San Juan.

La preocupación sobre la concentración de poder y el alcance del PS 1183 ya ha surgido en vistas senatoriales. En abril, el Senado informó que durante la evaluación de la medida se discutieron preocupaciones sobre disposiciones que podrían colocarse por encima de leyes, reglamentos y determinaciones municipales, además de asuntos relacionados con la zona marítimo-terrestre.

“Modernizar el sistema de permisos no puede convertirse en una excusa para reducir la participación ciudadana, debilitar la planificación ambiental o sacar a las comunidades de la discusión. Puerto Rico necesita eficiencia, pero también necesita justicia, ciencia, fiscalización y democracia”, sostuvo Vázquez Torres.

La carta fue suscrita por Amigxs del M.A.R.; la Clínica de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, dirigida por Federico Cintrón Moscoso; El Puente Puerto Rico; el Lcdo. y Prof. Ret. Pedro Saadé Lloréns; Sierra Club de Puerto Rico; y decenas de organizaciones y personas adicionales, entre ellas Para la Naturaleza, Liga de Ciudades de Puerto Rico, Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Surfrider Foundation Rincón, Sociedad Ambiente Marino, Puerto Rico Clinicians for Climate Action, Red Comunitaria de Agua, Resiliency Law Center, Salvemos a Playuela, Yo Amo El Tinglar entre otras.

“No sería justo que el Senado o la Cámara evalúen y voten sobre una medida de esta magnitud sin ofrecer primero una oportunidad adecuada para que el público conozca, estudie y entienda sus consecuencias. Lo mínimo que exige la democracia es tiempo, información y participación”, concluyó Vázquez Torres.