El Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los dos representantes estudiantiles de la Junta Universitaria rechazaron el Proyecto de la Cámara 1256 que alteraría la composición y funciones de la Junta de Gobierno, a la vez que cuestionaron por qué los ahorros que la Administración González Colón reclama en el presupuesto no se asignan para mejorar el presupuesto de la universidad pública.

El P de la C 1256 propone alterar, por cinco años, la composición y facultades del cuerpo gubernativo máximo de la UPR para integrar como miembros a la presidenta y rectores del sistema. En ese mismo periodo, le quitaría las “facultades decisionales” a todos los demás cuerpos en la estructura del sistema, como Senados Académicos y Juntas Administrativas.

“Esta propuesta no estabiliza la universidad, la convierte en un instrumento del partido de turno”, dijo la presidente de CGE, Dyamar Cruz. “Es una medida de confrontación… que pone en riesgo acreditaciones”, añadió.

El recinto de Río Piedras lleva 10 días en huelga indefinida y otros recintos se han unido a la paralización, pero no todos permanecen. Los estudiantes indicaron que, hasta el jueves, la paralización continúa en Mayagüez, Carolina, Bayamón y Ciencias Médicas.

En Mayagüez, la administración universitaria sometió una petición de interdicto para reabrir los portones que se discutirá en una vista el 11 ante el juez superior Tomás Báez Collado.

A la vez que rechazan el proyecto 1256 que sometió el representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez, la comunidad universitaria y los estudiantes apoyan el P de la C 880 y el 1201, uno de la autoría de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y otro que esa delegación presentó por petición de la propia comunidad. Representantes del Partido Popular Democrático (PPD) se han unido a ambos proyectos. El 880 crearía una nueva Ley de la Universidad de Puerto Rico para darle más autonomía y el 1201 aumentaría escalonadamente el presupuesto de la universidad para restablecerlo a la fórmula del 9.6% de los ingresos del gobierno que existió desde 1966 hasta la quiebra del gobierno.

A preguntas de si han identificado áreas de presupuesto gubernamental que se pueden recortar para aumentar los recursos asignados a la UPR, el representante ante la Junta Universitaria, Kemuel Rodríguez, planteó que “no es cierto que tenemos que desvestir un santo para vestir a la UPR”.

“Los otros días estaba el director ejecutivo de AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) en la Comisión Total de la Asamblea Legislativa diciendo que el gobierno de Puerto Rico se había ahorrado 900 y pico de millones por acción suya… ¿dónde está ese dinero y por qué no puede asignarse a la UPR”, cuestionó.

Cruz apuntó que, de ser aprobado, el proyecto 880 resultaría también en ahorros porque elimina las vicepresidencias en la administración central que “son mayormente puestos políticos de pesonas recicladas”.

“La universidad no tiene que ser víctima de la corrupción del partido de turno”, añadió el otro representante ante la Junta, Edward Maldonado, al argumentar que la universidad está cerrada “por una crisis de gobernanza interna y porque los estudiantes no han sido escuchados”.