La licenciada Verónica Ferraiuolli, Coordinadora de Eficiencia Gubernamental, explicó que no se contempla trasladar al OCP aquellos empleados con la pericia dentro del DRNA y el ICP.

Las funciones de analizar, aprobar o denegar permisos para proyectos que durante años estuvo en las manos de empleados del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), pasarán a la Oficina Central de Permisos (OCP).

En el nuevo Código de Planificación y Permisos propuesto por la gobernadora Jenniffer González Colón, si finalmente es aprobado según redactado, un puñado de responsabilidades que antes recaían en el DRNA pasarían al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) bajo el OCP. De hecho, se enmendaría la “Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra” y establecería que el secretario auxiliar asumirá las funciones antes asignadas al secretario del DRNA.

Asimismo, la División de Arqueología y Patrimonio Histórico del OCP, sería la entidad responsable de la evaluación arqueológica en proyectos sujetos a permisos; asumiendo la autoridad que antes ejercía el ICP para fines de procesar permisos.

La licenciada Verónica Ferraiuolli, Coordinadora de Eficiencia Gubernamental, explicó que no se contempla trasladar al OCP aquellos empleados con la pericia dentro del DRNA y el ICP. Las funciones estarían delimitadas a fiscalizar los proyectos aprobados.

“Eso no se tiene provisto porque queremos utilizar el ‘expertise’ que esas personas tienen para concentrarnos en fiscalización. Ahora mismo no se espera ni estamos buscando mover personas. Tampoco estamos buscando remover recursos. Las agencias están falta de personal, así que no estamos buscando mover personal, sino aquellos que ahora hacen fiscalización y recomendaciones que se dediquen a la fiscalización”, explicó Ferraiuolli.

La funcionaria sostuvo que el objetivo sería integrar recursos externos para evaluar y presentar recomendaciones de proyectos propuestos.

“Las evaluaciones, muchas veces, son un ‘checklist’ y las personas que harán las recomendaciones son ingenieros, agrimensores, personas especializadas en estos campos. No será una persona que viene de la calle. Ahora existen profesionales cualificados con licencias con hacer recomendaciones. Los expertos no necesariamente trabajan en las agencias. Hay consultores con las licencias de profesional cualificado y el estado puede usarlos para llenar esos vacíos que tiene”, destacó Ferraiuolli.

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