Una comunicación emitida por el Departamento de Educación establece que los profesionales del Trabajo Social deberán atender grupos de estudiantes cuando un maestro o maestra se ausente, e incluso mantener actividades socioeducativas planificadas para implementarlas cuando se les requiera cubrir dichos grupos.

La presidenta Lydael Vega Otero, del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR) expresó preocupación ante las disposiciones establecidas en la Carta Circular 021-2025-2026, que asignan a los profesionales del Trabajo Social Escolar la atención de grupos en ausencia de un maestro o maestra.

Vega Otero advirtió que esta directriz desvirtúa su rol profesional y limita su capacidad para atender situaciones prioritarias que afectan a la niñez y las juventudes.

“En momentos en que el país discute las situaciones de violencia que enfrenta la población infanto-juvenil, nuestros colegas han sido convocados a reuniones en las que se les amenaza con sanciones disciplinarias, responsabilizándose de las carencias estructurales del Estado en la protección de la niñez y las familias”, expresó Vega Otero, en declaraciones escritas.

Según Vega Otero, la comunicación emitida por el Departamento de Educación establece que los profesionales del Trabajo Social deberán atender grupos de estudiantes cuando un maestro o maestra se ausente, e incluso mantener actividades socioeducativas planificadas para implementarlas cuando se les requiera cubrir dichos grupos.

Asimismo, denunció las situaciones recientes en las que estos profesionales han sido increpados y cuestionados sobre sus funciones y su ejecutoria, a raíz de los casos de violencia infanto-juvenil reseñados en la prensa.

“La directriz contradice la naturaleza y el propósito del Trabajo Social Escolar y compromete la capacidad de estos profesionales para responder a situaciones prioritarias y emergentes que inciden directamente en el bienestar de los estudiantes”, expresó.

“Resulta contradictorio que, mientras se exige al Trabajo Social Escolar atender situaciones de alta prioridad—como intervenciones en crisis, asuntos de salud mental, violencia, negligencia, ausentismo escolar y otras necesidades críticas—se emitan directrices que limitan su disponibilidad para realizar estas intervenciones y, en cambio, se les asigne un rol que no corresponde a su preparación profesional ni a su misión institucional”, añadió.