Matías establece que la Constitución de Puerto Rico ya faculta al DRNA a ejercer su política pública de conservación del ambiente.

Un proyecto de ley presentado por el senador penepé Gregorio Matías daría al traste con las leyes que regulan el expendio de las bolsas de plástico desechables y los plásticos de un solo uso, dejando en manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la política pública en cuanto al tema y de los comerciantes decidir cómo proceder en cuanto al uso de estos artículos.

La legislación convertida en ley de las bolsas de un solo uso ha estado bajo fuego desde el inicio, particularmente porque ha fallado en evitar el uso de estas bolsas, ahora sustituidas por otras de mejor calidad que el consumidor puede adquirir por un costo adicional. El estatuto sobre los plásticos de un solo ha estado bajo fuego también porque los consumidores no apoyan la calidad de los productos sustitutos y los comerciantes han denunciado sus costos incurridos para cumplir con la ley han aumentado.

Matías, en el Proyecto del Senado 900, establece que la Constitución de Puerto Rico ya faculta al DRNA a ejercer su política pública de conservación del ambiente, incluyendo naturalmente el manejo de los desperdicios sólidos. Además, se recuerda que la Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico (Ley 70-1992) ya dispone que la agencia establecerá “estrategias económicamente factibles que disminuyen el volumen de los desperdicios sólidos en Puerto Rico”.

“Esta Asamblea Legislativa entiende que con la disposición constitucional acuñada en Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, y las pautas de la Ley Núm. 70, supra, que contienen elementos esenciales de las Leyes Núm. 247 y 51, supra, hacen redundante sus respectivas prerrogativas, y por ende, se determina derogarlas”, lee el proyecto.

La Ley 247-2015 es la Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas y la Ley 51-2022 es la Ley sobre plásticos de un solo uso.

Así las cosas, se derogan ambas leyes y se enmienda la ley orgánica del DRNA para obligar al secretario a establecer una campaña educativa sobre el impacto ambiental del uso de bolsas plásticas. El PS 900 también dispone que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio “deberá” estudiar la posibilidad de autorizar un estímulo monetario o crédito contributivo a “aquellos comercios exentos que les acrediten la implantación en sus negocios de la sustitución del uso de plástico de un solo uso”.

Esta disposición tendría un impacto fiscal incierto.