La medida permitirá inscribir y transferir viviendas construidas hace más de 15 años bajo el Programa de Comunidades Especiales.

Miles de familias en Puerto Rico que residen en proyectos de vivienda construidos bajo el Programa de Comunidades Especiales llevan más de una década esperando por el título de propiedad de sus hogares.

Esa espera podría llegar a su fin con la aprobación de la Ley 115-2025, que faculta a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) a actuar como fiduciaria del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales (FPCE) y a emitir las certificaciones necesarias para inscribir y transferir formalmente los títulos de propiedad.

El estatuto también ordena la transferencia de terrenos y recursos al fideicomiso, lo que, según sus impulsores, permitirá destrabar un proceso burocrático que ha frenado por años la seguridad de tenencia de miles de familias.

La medida busca atender la incertidumbre que enfrentan comunidades en todo Puerto Rico, desde La Perla en San Juan hasta residenciales en Vieques, Naguabo, Toa Baja y Arecibo, entre otros.

La legislación se materializó a través del Proyecto de la Cámara 27, que recibió el apoyo de distintos sectores legislativos y comunitarios. Entre sus objetivos, se encuentra cerrar la brecha de desigualdad en acceso a vivienda digna para familias e individuos de escasos recursos, un asunto que se arrastra desde la aprobación de la Ley 271-2002, que creó el FPCE.

Portavoces comunitarios y legisladores coincidieron en que la medida puede tener un impacto inmediato en la calidad de vida de los residentes. Sin embargo, el verdadero reto será la capacidad de ODSEC para agilizar los procesos administrativos y cumplir con la transparencia prometida, en un tema que históricamente ha generado desconfianza y retrasos.